ELK GROVE, California – Toni Sherwin está ansiosa por someterse al procedimiento que reubicará su punto de diálisis de su pecho a su brazo, que será más fácil de mantener seco. Desde que empezó la diálisis en febrero —como parte del tratamiento contra un cáncer de sangre— se ha lavado el pelo en el fregadero y no ha usado su piscina para evitar que el agua entrara en su cuerpo.
Tres veces a la semana, Sherwin, de 71 años, conduce hasta una clínica de diálisis en Elk Grove, California, el suburbio al sur de Sacramento donde vive, y permanece conectada a una máquina durante unas cuatro horas mientras ésta filtra su sangre. El tratamiento la agota, pero se siente bien atendida y sabe que los trabajadores de la clínica llamarán a la policía si no se presentara a la cita y no pudieran contactarla directamente.
“Se lo toman muy en serio”, dijo Sherwin.
Ahora Sherwin teme que no le permitan acudir a esta clínica. Un cartel en la ventana del centro pide a los pacientes y visitantes que voten “no” a la Propuesta 29, la tercera iniciativa estatal sobre diálisis en cinco años que impondría nuevos requisitos a las clínicas de diálisis, como exigir la presencia de un médico durante los tratamientos.
Sherwin y otros votantes de California también han sido bombardeados por anuncios de televisión, en los que pacientes en sillas de ruedas y médicos advierten que “la 29 cerraría las clínicas de diálisis en toda California”.
“Estamos aterrorizados”, dijo Sherwin. “Si las cierran, ¿a dónde vamos a ir? Simplemente moriremos”.
Sherwin es una de los aproximadamente 80,000 californianos que dependen de 650 clínicas de diálisis ubicadas en centros comerciales y médicos por todo el estado.
Los pacientes llegan en furgonetas de transporte médico, minivans y algún vehículo de alquiler, porque después del tratamiento están demasiado cansados y hambrientos como para conducir a casa. Llevan bolsas de lona y almohadas, preparados para estar sentados durante cuatro o cinco horas seguidas, normalmente tres días a la semana, mientras su sangre se limpia y se filtra a través de una máquina porque sus riñones ya no pueden realizar esas funciones.
La Propuesta 29 exigiría a las clínicas reportar al estado sobre las infecciones e informar a los pacientes cuando los médicos tengan una participación financiera en una clínica, normas que son similares a las regulaciones federales existentes.
El punto más contencioso es la exigencia de que haya un médico, una enfermera o un asistente médico presente en cada clínica mientras se trata a los pacientes.
Exigir la presencia de un médico en cada clínica aumentaría los costos de cada centro en “varios cientos de miles de dólares anuales”, según un análisis de la Oficina del Analista Legislativo del Estado, una institución no partidista. Para hacer frente a los costos adicionales, el análisis concluye que las clínicas tienen tres opciones: negociar tarifas más altas con las aseguradoras, perder beneficios o cerrar las instalaciones.
El sindicato Service Employees International Union-United Healthcare Workers West, que patrocina la Propuesta 29, señaló que las reformas son necesarias para mantener a los pacientes seguros durante el arduo proceso de diálisis.
El sindicato —que ha intentado organizar a los trabajadores de diálisis, pero no lo ha conseguido— argumenta que el tratamiento es peligroso y que los pacientes necesitan tener acceso a profesionales médicos altamente capacitados para hacer frente a las emergencias en lugar de depender del 911.
El sindicato también estuvo detrás de las dos iniciativas de votación anteriores sobre diálisis, que fracasaron por amplios márgenes. La Propuesta 8 en 2018 habría puesto un tope a los beneficios de la industria, mientras que la Propuesta 23 en 2020 era casi idéntica a la medida de este año. Ambas batieron récords de gastos de campaña.
La campaña de oposición a la Propuesta 29, financiada en su mayor parte por la industria de la diálisis, sostiene que mantener a un médico o enfermera en todo momento es costoso e innecesario.
Las clínicas emplean a enfermeras que cuidan a los pacientes y a directores médicos, en trabajos de supervisión pero que a menudo solo están presentes a tiempo parcial. Aproximadamente tres cuartas partes de las clínicas de diálisis de California son propiedad de dos empresas o están gestionadas por ellas: DaVita y Fresenius Medical Care.
Hasta ahora, ambas partes han recaudado al menos $94 millones, según Los Angeles Times, de los cuales aproximadamente el 85% procede de DaVita y Fresenius.
Joe Damian, de 71 años, no se cree la afirmación de que las clínicas cerrarían si se aprueba la Propuesta 29. Por supuesto que se sentiría más cómodo si un médico estuviera presente cuando su esposa, Yolanda, tiene sus tratamientos, explicó. También cree que las empresas de diálisis seguirían ganando dinero a manos llenas.
“¿Cómo no va a ser mejor?”, preguntó. “Simplemente no quieren renunciar a ninguno de sus beneficios”.
Damian lleva a su mujer a sus tratamientos en Elk Grove. Comprende que muchos pacientes y sus familias estén preocupados por el posible cierre de las clínicas, pero cree que el sector está generando alarma.
“Cerrar instalaciones es una amenaza que nunca ejecutarán”, afirmó. “¿Por qué iban a cerrar un negocio que genera dinero?”.
La propuesta 29 incluye normativas destinadas a proteger contra el cierre de clínicas, como la exigencia de que los centros obtengan la aprobación del estado antes de finalizar o reducir los servicios, pero los opositores argumentan que esas normativas no se sostendrán en los tribunales.
Casi todos los pacientes entrevistados que iban o venían de sus citas de diálisis en cinco clínicas del área de Sacramento habían sido testigos de cómo los trabajadores llamaban al 911 por otro paciente. La mayoría dijo que los trabajadores y el personal de emergencias habían manejado bien estas situaciones. En general, afirmaron sentirse bien cuidados por las clínicas de diálisis.
La mayoría de los pacientes había interiorizado el lenguaje de los anuncios de la oposición que advertían sobre el cierre de las clínicas.
Norbie Kumagai, de 65 años, pasó el último Día de Acción de Gracias en el Centro Médico de la Universidad de California-Davis, y a su familia se le dijo que no sobreviviría. Pero Kumagai, que padece una enfermedad renal en fase 4 y tiene hipertensión, salió adelante y tuvo que esperar meses para que se abriera una plaza de diálisis en una clínica de West Sacramento, a unas 13 millas de su casa en Davis.
En general, Kumagai está de acuerdo en que el sector de la diálisis necesita reformas. Por ejemplo, le gustaría que a los técnicos que lo ayudan cada semana les aumentaran el sueldo.
Pero le preocupa lo que la Propuesta 29 pueda significar para los tratamientos que lo mantienen con vida.
“Le he dicho a mis amigos y vecinos que estoy muerto de miedo si se aprueba”, afirmó Kumagai. “Esta clínica podría cerrar”.
