OAKLAND, California – Son las 5 am y hace 44 grados Farhenheit. En una rampa de una salida de la ruta estatal 24, en el norte de Oakland, las luces de los autos encandilan esporádicamente a Norm Ciha y a sus vecinos. Ellos usan gorros con linternas, para poder ver en la oscuridad mientras recogen sus pertenencias: carpas, ropa, cubiertos, carritos de mercado con mantas, zapatos y, en un caso, un juego de palos de golf.
Shredder, el perro de Ciha, se queja cuando Ciha comienza a caminar cargando su bolsa de dormir. “Puedo dejarlo todo el día en la carpa y está bien, pero se asusta cada vez que tenemos que mudarnos”, dijo Ciha.
Cada dos semanas, los residentes de esta delgada porción de tierra propiedad del estado —justo al lado de la autopista— empacan sus pertenencias y se mudan a otro lote vacío, sin saber bien a quién pertenece. Hacen esto para anticiparse a las redadas del Departamento de Transporte de California (Caltrans), que tiene jurisdicción sobre las carreteras y rampas estatales.
Los equipos que trabajan en la autopista verifican que el área esté libre de personas, y de sus pertenencias, tirando cualquier artículo que hayan dejado. Una vez que los camiones se van, los residentes regresan. Ciha y sus vecinos lo llaman “las mezclas de Caltrans” (Caltrans Shuffle).
Su vecindario improvisado de lonas y tiendas de campaña está construido en uno de los miles de espacios públicos de California donde personas han establecido campamentos. La población sin hogar del estado se ha disparado en los últimos años. En 2019, había más de 150,000 personas, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, y el 72% de ellos no tenían refugio.
Una variedad de problemas de salud se ha extendido entre las comunidades sin hogar. Hace unos años, la hepatitis A, transmitida principalmente a través de las heces, infectó a más de 700 personas en California, la mayoría de ellas sin techo. Han resurgido enfermedades antiguas como el tifus. Hay récord de muertes entre las personas sin hogar en las calles de Los Ángeles.
En todo el estado, comunidades cada vez más frustradas con el creciente número de homeless que viven en propiedades públicas, han encomendado a la policía y a los trabajadores de saneamiento el desmantelamiento de campamentos que, según dicen, contaminan las áreas públicas y representan un grave riesgo de incendios, violencia y enfermedades. Estas “limpiezas” se han convertido en una actividad diaria en todo el estado, involucrando una variedad de agencias estatales y locales.
Pero la respuesta de los funcionarios ha provocado una crisis de salud pública, según entrevistas con docenas de personas sin hogar y sus defensores. Se tiran a la basura, no solo objetos personales, sino también medicamentos y dispositivos médicos. Algo que Leilani Farha, relatora especial de las Naciones Unidas sobre vivienda, describió como una “crueldad” que no ha visto en otros rincones empobrecidos del mundo.
Ciha, de 57 años, aprendió por las malas que vivir en la calle significa que sus pertenencias pueden desaparecer en un instante.
En noviembre de 2018, cuando estaba acampando junto a un Ikea en la cercana Emeryville, la Patrulla de Carreteras de California y Caltrans aparecieron sin previo aviso. Ante sus ojos, tiraron todas sus pertenencias en un contenedor de basura.
Junto con su ropa, Ciha perdió tres semanas de un suministro de ocho del medicamento que estaba tomando para tratar la hepatitis C. Lo obtuvo a través de Medi-Cal, el programa de Medicaid en California. Aunque seguramente los medicamentos se compraron con descuento, su tratamiento cuesta alrededor de $40,000.
En 2018, un caso de un tribunal federal relacionado con la prohibición de acampar en Boise, Idaho, determinó que las ciudades no pueden citar a las personas por dormir en propiedades públicas cuando no hay otro lugar a donde ir.
Sin embargo, no determina las reglas sobre las posesiones. Esa pregunta se ha discutido durante décadas, con múltiples tribunales que determinan que destruir o confiscar bienes sin previo aviso es una violación del derecho constitucional a los bienes personales. A diferencia del caso Boise, las ciudades rara vez, si alguna vez, luchan contra esas decisiones, lo que significa que un tribunal superior no ha establecido un precedente.
Las demandas en California han hecho que el problema sea más visible en el estado que en otros lugares, aunque se replica a nivel nacional, dijo Eric Tars, del National Law Center on Homelessness & Poverty. Hoy en día, muchas ciudades de California tienen políticas que evitan confiscar pertenencias o requieren que se almacenen, pero las excepciones de salud pública y seguridad a menudo permiten que las cosas se descarten sin previo aviso.
“Si las ciudades gastaran la mitad de la energía en tratar de proporcionar acceso al saneamiento como lo hicieron en el intento de encontrar formas constitucionales de tomar las pertenencias de las personas, podrían abordar la falta de vivienda”, dijo Tars.
La ciudad de San Francisco sostiene que almacena las pertenencias de las personas cuando son incautadas, como resultado de un acuerdo de una demanda anterior. Los defensores de las personas sin hogar dicen que eso no siempre es cierto.
Chris Herring, un estudiante de doctorado en sociología en la Universidad de California-Berkeley, ha estado conviviendo con la comunidad de personas sin hogar de San Francisco durante años, incluyendo nueve meses en 2014 y 2015 viviendo en la calle, y un año estudiando a la policía y a los trabajadores de salud y saneamiento encargados de limpiar campamentos.
Dijo que ha sido testigo de personas que rechazaban ayuda médica porque no querían dejar sus cosas atrás y de otros que perdieron sus empleos después de faltar turnos por querer rescatar artículos personales. Un hombre mayor, tan enfermo que yacía paralizado en la acera, una vez llamó a Herring y le pidió que cuidara sus cosas antes de llamar al 911.
Los Ángeles ha limitado la cantidad de propiedad personal que las personas pueden llevar consigo o almacenar en una propiedad pública, diciendo que debe caber en un contenedor de 60 galones, el equivalente a un contenedor de basura de tamaño mediano. Varios residentes sin hogar están demandando por la regla.
En Oakland, colina arriba desde donde acampa Ciha, Caltrans publica avisos sobre las limpiezas programadas, notificando a las personas cuándo llegarán. La política de Caltrans requiere las publicaciones, pero una demanda colectiva en curso contra Caltrans afirma que la política no siempre se sigue y que los barridos son una violación del derecho constitucional de las personas a la propiedad privada.
Ciha se ha unido a la demanda. Otra persona dijo que Caltrans tomó su andador, que usaba porque una herida infectada le dificultaba moverse. Otros han perdido tarjetas de identificación y recetas, un problema para hacer citas o recibir beneficios, según uno de los abogados del caso, Osha Neumann.
Los trabajadores de Caltrans dicen que odian hacer las limpiezas. “Es 100 veces peor que hace unos años”, dijo Steve Crouch, director de empleados públicos del Local 39 de la Unión Internacional de Ingenieros Operadores, que representa a los trabajadores de Caltrans. “Una de las quejas más grandes que tienen es tener que limpiar los campamentos para personas sin hogar. Es un trabajo desagradable”.
Estas redadas también causan daño psicológico. Herring dijo que el trauma de vivir en la calle es tan intenso que aún no ha descubierto cómo escribir sobre eso en su trabajo académico.
Ciha se hizo la prueba de hepatitis C después que un amigo se enfermó en cuestión de meses. Cuando su médico le recetó el tratamiento, le dijeron que no debía omitir una dosis. Después que tiraran sus cosas, deambuló por Oakland durante una semana, durmiendo en lugares al azar. Hasta que encontró el área que ahora llama hogar: le gusta porque solo tiene unas pocas personas y, en su mayor parte, todos mantienen su área limpia y libre de dramas.
Ciha volvió al médico después que se mudó y pudo obtener otra receta. Pero había pasado una semana sin tratamiento y no sabía si se había curado.
Desde entonces se ha acostumbrado a las redadas de Caltrans. En las horas previas a la del mes pasado, primero llevó su catre al lote cercano. Luego su bolsa de dormir y un balde con ollas, sartenes y utensilios. Y un cuadro, para cuando consiga un hogar, dijo.
Había movido sus pertenencias y estaba parado en la acera cuando llegó el Caltrans, con dos escoltas policiales y cinco camiones. Mientras el equipo de limpieza hacía su trabajo, Ciha se paró en el estacionamiento de al lado y comió un sándwich de mantequilla de maní y jalea. El sol estaba ahora sobre el horizonte empujando el frío de la mañana. Descansaría unos minutos y luego regresaría a casa.
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