EL PASO, Texas – Los hombres hacían fila en el exterior de Corner of Hope, un centro de recursos para personas sin hogar, esperando recibir los productos gratuitos que distribuía una furgoneta blanca.
Algunos querían bolsas con artículos de aseo personal o preservativos, pero otros se llevaban kits que los ayudan a consumir drogas de forma segura, o naloxona, un medicamento para revertir una sobredosis de opioides.
Gilbert Shepherd, trabajador social de Punto de Partida, una organización sin fines de lucro que atiende a las personas que hacen uso indebido de las drogas, interroga amablemente a quienes se llevan los kits de seguridad. Un hombre con anteojos de sol y camiseta negra le explicó que, no hace mucho, se tomó una pastilla que compró por $1,50 y perdió el conocimiento durante horas. Otro, con camisa a cuadros y pantalones caqui, contó haber visto a alguien sufrir una sobredosis tras tomar una pastilla azul.
Esas dos sobredosis se añadirán a una nueva base de datos de Texas llamada Texans Connecting Overdose Prevention Efforts, cuyo objetivo es mejorar el seguimiento de las sobredosis de drogas en el segundo estado más grande del país.
El proyecto de la Universidad de Texas (UT), conocido como TxCOPE, busca resolver un problema que mantiene en vilo a los funcionarios de todo el país en su esfuerzo por reducir el número récord de muertes por drogas: obtener una imagen clara y precisa de las sobredosis no mortales y mortales.
Los grupos comunitarios utilizan ahora los paneles de datos y los mapas de calor de TxCOPE para ver dónde aumentan las sobredosis, y dirigir así los esfuerzos de prevención a esos puntos conflictivos, con suministros de naloxona y personal que explique cómo usarla, dijo Christopher Bailey, coordinador de Project Vida, una clínica de El Paso.
Se trata de uno de los pocos proyectos en Estados Unidos que reúne datos de sobredosis recopilados de forma sistemática por grupos de reducción de daños (es decir, obtenidos por crowdsourcing), según Leo Beletsky, experto legal en salud pública de la Northeastern University. Estos proyectos compensan la falta de una imagen precisa de la crisis de sobredosis que dura décadas. “Es un escándalo”, añadió Beletsky.
Más de 107,000 estadounidenses murieron por sobredosis en 2021, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Pero no hay un recuento nacional de cuántas personas sobreviven a las sobredosis de drogas. Los CDC ni siquiera tienen un método estándar que los estados puedan utilizar para contar las sobredosis no mortales. Suma los datos de sobredosis de las visitas a las salas de urgencias basándose en los códigos clínicos y de facturación de los estados participantes, pero eso excluye a las personas que no interactúan con el sistema médico, señaló Bradley Stein, director del Rand Opioid Policy Center. Se trata de un “enorme punto ciego”, según Stein.
Además, los datos de sobredosis mortales suelen publicarse semanas o meses después, una vez que el informe oficial del médico forense o los resultados toxicológicos muestran qué sustancias causaron las muertes. “A los opioides los miramos por el retrovisor”, añadió Stein.
Otros proyectos que contabilizan las sobredosis no mortales, como el ODMAP, se basan en los informes de las fuerzas del orden o de los primeros intervinientes. Pero muchos consumidores de drogas no llaman a los servicios de emergencia ni informan de las sobredosis por miedo a ser arrestados, deportados o a otras consecuencias, como la pérdida de sus hijos o de su vivienda debido al consumo de drogas, afirmó Traci Green, profesora y directora de la Opioid Policy Research Collaborative de la Universidad de Brandeis.
“Los actuales sistemas nacionales de datos no han estado a la altura de la magnitud de la epidemia de sobredosis”, escribió el doctor Rahul Gupta, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, en un llamamiento a la acción publicado el 30 de junio en JAMA. Añadió que es esencial crear un mejor sistema de datos y que su organismo se ha reunido con otras agencias federales para mejorar el seguimiento de los datos sobre sobredosis no mortales.
Green calcula que, a nivel nacional, un 50% de las sobredosis no mortales no se notifican, y que el recuento es mayor en los lugares donde la aplicación de la ley es más estricta y en las comunidades de color. La parte que falta en esta historia “es la de la diversidad”, apuntó.
En Texas, hasta el 70% de las sobredosis, en su mayoría no mortales, no se denuncian, estimó Kasey Claborn, investigadora principal del proyecto TxCOPE y profesora de la Facultad de Medicina Dell y de la Facultad de Trabajo Social Steve Hicks de la UT.
Según cifras oficiales, unos 5,000 tejanos murieron de sobredosis en 2021. Claborn cree que es un recuento insuficiente porque el estado tiene oficinas de examinadores médicos en solo 15 de sus 254 condados. La mayoría de los condados tienen jueces de paz que no siempre solicitan las costosas pruebas de toxicología para determinar la causa de la muerte.
El estado registró casi 4,000 llamadas relacionadas con los opioides a la Red de Control de Venenos de Texas el año pasado y casi 8,000 visitas a las salas de emergencia relacionadas con los opioides en 2020. Claborn analiza cómo se comparan los datos que recoge TxCOPE con esas estadísticas oficiales.
Los expertos en drogas han mostrado su frustración porque consideran que Estados Unidos no trata la epidemia de sobredosis con la misma urgencia que covid-19. Las muertes por drogas se dispararon durante la pandemia, ya que el fentanilo ilegal, que es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, inundó el suministro de drogas en las calles del país y la gente se quedó sin apoyo por abuso de sustancias.
Pero mientras las autoridades de salud pública basaban las restricciones de la pandemia en el número de casos locales de covid y en el recuento de muertes, los expertos y los trabajadores sociales carecían de datos en tiempo real que les permitieran reaccionar con intervenciones que pudieran salvar las vidas de los consumidores de drogas.
“¿Cómo ayuda eso en una emergencia de salud pública?”, se preguntó Daniel Sledge, un paramédico que ha puesto a prueba TxCOPE en el condado de Williamson, al norte de Austin.
Esa información podría ayudar a los trabajadores sanitarios a identificar qué zonas deben cubrirse con naloxona o si necesitan educar a la gente sobre drogas mezcladas con fentanilo letal.
TxCOPE, financiado por la subvención estatal contra los opioides y la Administración Federal de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, comenzó en El Paso en junio de 2021 y luego se amplió a Austin, San Antonio y, posteriormente, al condado de Williamson. El lanzamiento oficial está previsto para el 1 de septiembre, con un despliegue al resto del estado en etapas.
Antes de que el grupo se pusiera en marcha, la difusión era más aleatoria. Se trataba de “atrápame como se pueda”, dijo Bailey, del Project Vida. Al igual que muchos grupos de reducción de daños, hacían un seguimiento informal de las sobredosis, que a menudo se producían entre una población itinerante.
Pero no tenían una forma de poner en común esa información con otros grupos de la ciudad ni de generar mapas para impulsar el alcance comunitario. TxCOPE ha ayudado al grupo a encontrar personas en riesgo para poder ofrecerles prevención de sobredosis, apoyo entre pares o derivaciones a tratamientos. Ahora “podemos centrarnos realmente en esas zonas, enfocados como un láser”, apuntó Bailey.
Paulina Hijar, trabajadora social de Punto de Partida, por ejemplo, contó que se encuentra habitualmente con personas que inyectaron a sus amigos con remedios caseros contra sobredosis que son peligrosos e ineficaces —leche o una mezcla de agua y sal— o que consiguieron naloxona y nunca llamaron a las autoridades. Aseguran que gracias a que los trabajadores sociales se han ganado la confianza de sus comunidades, ahora pueden recopilar información sobre las sobredosis, incluyendo cuándo y dónde se produjeron, algo que normalmente se omitiría en las estadísticas oficiales.
La privacidad es una clave del proyecto TxCOPE: las personas necesitan poder compartir información acerca de las sobredosis sin temor a las consecuencias, indicó Claborn. Texas aprobó en 2021 una ley para proteger a las personas que llamen a los servicios de emergencia durante una sobredosis, pero su alcance es muy limitado. Las personas que tienen una condena por delito de drogas, por ejemplo, no califican. Y alguien está protegido de la detención solo una vez. TxCOPE cuenta con un certificado federal de confidencialidad que lo protege de las órdenes judiciales, y Claborn no comparte los datos generales con el Estado.
Claborn quiere utilizar el proyecto, que está siendo renovado este verano antes de su lanzamiento, para traer más dólares federales al estado. “Hemos tenido dificultades para demostrar que existe un problema real en Texas, porque se ha ocultado”, afirmó.
Ha estado trabajando en una función que permitiría a cualquier persona de la comunidad informar de las sobredosis, un esfuerzo para mejorar los recuentos en las partes del estado que no cuentan con grupos de reducción de daños. Con el tiempo, Claborn quiere cotejar los datos obtenidos por el público con los informes toxicológicos.
Por ahora, sin embargo, el proyecto se basa en las pruebas anecdóticas de los consumidores de drogas y otras personas de la comunidad que informan de que han reanimado a alguien con naloxona, o que han visto a alguien perder el conocimiento, o sufrir otros efectos de tomar demasiada droga.
Una tarde reciente, Shepherd e Hijar reconocieron a un hombre en el parque Houston de El Paso. Les habló de una mujer que había muerto sola en su apartamento hacía una semana y media tras tomar una mezcla de drogas. También mencionó a un individuo al que pudo reanimar con naloxona unos dos meses antes. Los detalles fueron mínimos.
Los investigadores y los grupos de reducción de daños dicen que estos datos imprecisos son mejores que los que han tenido en el pasado. Aunque los datos anecdóticos del proyecto no se han comprobado a fondo, se trata de un gran paso hacia adelante, dijo Stein. “No tenemos nada más en este momento”, concluyó.
Esta historia fue producida por KHN (Kaiser Health News), la redacción de KFF (Kaiser Family Foundation), que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud. Junto con Análisis de Políticas y Encuestas, KHN es uno de los tres principales programas de KFF. KFF es una organización sin fines de lucro que brinda información sobre temas de salud a la nación.