La administración Biden está diseñando en silencio una serie de expansiones de Medicaid que pueden reforzar las protecciones para millones de estadounidenses de bajos ingresos y sumar más personas al programa.
Los esfuerzos de Biden, que han sido eclipsados en gran medida por otras iniciativas económicas y de salud, representan un cambio abrupto en contra de todo lo que la administración Trump hizo para reducir el programa.
Las medidas, algunas de las cuales fueron financiadas por el proyecto de ley de ayuda de covid que se aprobó en marzo, podrían impulsar aún más la inscripción en Medicaid, algo que la pandemia elevó a un récord de 80,5 millones en enero, incluidos los beneficiarios del Programa de Seguro Infantil para Niños (CHIP).
Eso es más de los 70 millones antes de que comenzara la crisis de covid. Las nuevas madres, presos y los inmigrantes indocumentados se encuentran entre los que podrían obtener cobertura. Al mismo tiempo, la administración Biden está abriendo la puerta a nuevos servicios financiados por Medicaid, como alimentos y vivienda, que tradicionalmente el plan de seguro del gobierno no ha ofrecido.
“Hay un cambio de paradigma en marcha”, dijo Jennifer Langer Jacobs, directora de Medicaid en Nueva Jersey, uno de un número creciente de estados que intentan expandir los servicios de Medicaid en el hogar para mantener a los beneficiarios fuera de los hogares de adultos mayores y otras instituciones.
“Hemos tenido discusiones a nivel federal en los últimos 90 días que son completamente diferentes de donde hemos estado antes”, dijo Langer Jacobs.
En conjunto, los movimientos de Medicaid representan algunos de los cambios más importantes en la política de salud federal emprendidos por la nueva administración.
“Están tomando medidas muy audaces”, dijo Frank Thompson, politólogo de la Universidad de Rutgers y experto en la historia de Medicaid. Thompson señaló, en particular, la rápida reversión de las políticas de Trump por parte de la administración. “Realmente no hay un precedente”.
Parece poco probable que la administración Biden logre lo que sigue siendo el santo grial para los defensores de Medicaid: que 12 estados que se resisten, incluidos Texas y Florida, amplíen la cobertura de Medicaid a adultos de bajos ingresos en edad laboral a través de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).
Y aunque algunas expansiones recientes, como la cobertura para las nuevas madres, fueron financiadas con cerca de $20 mil millones en nuevos fondos de Medicaid en el paquete de alivio de covid que Biden firmó en marzo, gran parte de ese nuevo dinero se detendrá en unos pocos años a menos que el Congreso asigne dinero adicional.
La estrategia de la Casa Blanca tiene riesgos. Medicaid, que creció después de la promulgación de la ley de salud de 2010, se ha expandido aún más durante la recesión económica causada por la pandemia. Los programas ahora cuestan a los contribuyentes más de $600 mil millones al año. Y aunque el gobierno federal cubrirá la mayor parte del costo de las expansiones respaldadas por Biden, el gasto creciente de Medicaid es una carga creciente para los presupuestos estatales.
Los costos de la expansión son un objetivo frecuente de los críticos conservadores, incluidos funcionarios de Trump como Seema Verma, ex administradora de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), que con frecuencia abogaba por restringir la inscripción y ridiculizaba a Medicaid por considerarlo una cobertura de baja calidad.
Pero expertos aún menos partidistas advierten que Medicaid, que fue creado para brindar atención médica a estadounidenses de bajos ingresos, no puede compensar todas las deficiencias en los programas gubernamentales de vivienda, alimentación y educación.
“Centrarse en los impulsores sociales de la salud … es de vital importancia para mejorar la salud y el bienestar de los beneficiarios de Medicaid. Pero eso no significa que Medicaid pueda o deba ser responsable de pagar todos esos servicios”, dijo Matt Salo, director de la Asociación Nacional de Directores de Medicaid, y señaló que el financiamiento del programa “simplemente no es capaz de sostener esas inversiones”.
Sin embargo, después de cuatro años de esfuerzos de la administración Trump para reducir la cobertura, Biden y su equipo parecen tener la intención no solo de restaurar el apoyo federal para Medicaid, sino también de impulsar el alcance del programa.
“Creo que lo que aprendimos durante el debate sobre la derogación y reemplazo es cuánto le importa a la gente en este país el programa Medicaid y cómo es un salvavidas para millones”, dijo a KHN la nueva administradora de Medicare y Medicaid de Biden, Chiquita Brooks-LaSure. , llamando al programa una “columna vertebral de nuestro país”.
La administración Biden ya retiró el permiso que la administración de Trump había otorgado a Arkansas y New Hampshire para imponer requisitos laborales a algunos afiliados a Medicaid.
En abril, Biden bloqueó una iniciativa multimillonaria de la administración Trump para apuntalar los hospitales de Texas que atienden a pacientes sin seguro, una política que, según muchos críticos, disuadió a Texas de expandir la cobertura de Medicaid a través de ACA (también conocida como Obamacare). Texas tiene la tasa de personas sin seguro más alta del país.
Las medidas han generado críticas de los republicanos, algunos de los cuales acusan a la nueva administración de pisotear los derechos de los estados de ejecutar sus programas de Medicaid como prefieran.
“Biden está reafirmando un papel federal más amplio y no cede ante los estados”, dijo Josh Archambault, miembro principal de la conservadora Foundation for Government Accountability.
Pero las primeras iniciativas de Biden han sido ampliamente aclamadas por defensores de los pacientes, expertos en salud pública y funcionarios estatales en muchos estados azules.
“Es un soplo de aire fresco”, dijo Kim Bimestefer, directora del Departamento de Política y Financiamiento de la Atención Médica de Colorado.
Chuck Ingoglia, director del Consejo Nacional para el Bienestar Mental, dijo: “Estar en un entorno en el que la gente habla de ampliar el acceso a la atención médica ha marcado una enorme diferencia”.
La creciente evidencia muestra que la cobertura ampliada de Medicaid mejora la salud de los beneficiarios, ya que las encuestas y los datos de mortalidad en los últimos años han identificado mejoras de salud más grandes en los estados que ampliaron Medicaid, en comparación con los estados que no lo hicieron.
Además de eliminar las restricciones de Medicaid impuestas por los funcionarios de la administración Trump, la administración Biden ha respaldado una serie de expansiones para ampliar la elegibilidad y agregar servicios que los afiliados pueden recibir.
Biden apoyó una disposición en el proyecto de ley de alivio de covid que brinda a los estados la opción de extender Medicaid a las nuevas madres hasta un año después de dar a luz. Muchos expertos dicen que dicha cobertura podría ayudar a reducir la tasa de mortalidad materna en el país, que es mucho más alta que las tasas de otras naciones ricas.
Varios estados, incluidos Illinois y Nueva Jersey, habían solicitado el permiso de la administración Trump para una cobertura más amplia, pero sus solicitudes nunca avanzaron.
La ayuda por covid, proyecto de ley que se aprobó sin el apoyo de los republicanos, también proporciona dinero adicional de Medicaid a los estados para establecer servicios móviles de crisis para personas que enfrentan emergencias de salud mental o uso de sustancias, ampliando aún más el alcance de Medicaid.
Y los estados obtendrán miles de millones más para expandir los llamados servicios basados en el hogar y la comunidad, como ayuda para cocinar, bañarse y otras actividades básicas que pueden prevenir que los beneficiarios de Medicaid tengan que ser admitidos en costosos hogares de adultos mayores u otras instituciones.
Quizás las expansiones de Medicaid de mayor alcance que está considerando la administración Biden empujarían al plan de salud del gobierno a cubrir servicios que tradicionalmente no se consideran atención médica, como la vivienda.
Esto refleja un consenso emergente entre los expertos en políticas de salud de que las inversiones en algunos servicios no médicos pueden, en última instancia, ahorrar dinero a Medicaid al mantener a los pacientes fuera del hospital.
En los últimos años, funcionarios de Medicaid en estados rojos y azules, incluidos Arizona, California, Illinois, Maryland y Washington, han comenzado a explorar formas de brindar asistencia de alquiler a determinados beneficiarios de Medicaid para prevenir complicaciones médicas relacionadas con la falta de vivienda.
La administración Trump tomó medidas para respaldar esfuerzos similares, autorizando los planes de salud Medicare Advantage para ofrecer a algunos afiliados beneficios no médicos, como alimentos, ayuda para la vivienda y asistencia con los servicios públicos.
Pero los funcionarios estatales de todo el país dijeron que la nueva administración ha mostrado más apoyo tanto para expandir los servicios actuales en el hogar como para agregar otros nuevos.
Eso ha marcado una gran diferencia, dijo Kate McEvoy, quien dirige el programa Medicaid de Connecticut. “Hubo mucha discusión en la administración Trump”, dijo, “pero no el capital para hacerlo”.
Otros estados esperan que la nueva administración respalde los esfuerzos para expandir Medicaid a los reclusos con problemas de salud mental y adicción a las drogas para que puedan conectarse más fácilmente al tratamiento una vez que son puestos en libertad.
Eric Friedlander, secretario de salud de Kentucky, , dijo que espera que los funcionarios federales aprueben la iniciativa de su estado.
California dice que está teniendo una audiencia más receptiva en Washington para propuestas como expandir la cobertura a inmigrantes que están en el país sin papeles, un paso que los expertos en salud pública dicen que puede ayudar a mejorar la salud de la comunidad y ralentizar la propagación de enfermedades transmisibles.
“Cubrir a todos los californianos es fundamental para nuestra misión”, dijo Jacey Cooper, director del programa Medicaid de California, conocido como Medi-Cal. “Realmente sentimos que la nueva administración nos está ayudando a garantizar que todos tengan acceso”.
La administración Trump tomó medidas para restringir incluso el acceso de inmigrantes con visa a la red de seguridad de la atención médica, fortaleciendo la regla de “carga pública” que permitía a las autoridades de inmigración negar las tarjetas de residencia a los solicitantes si usaban programas públicos como Medicaid. En marzo, Biden desestimó esa regla.
La corresponsal de KHN, Julie Rovner, colaboró con este informe.
Esta historia fue producida por KHN (Kaiser Health News), la redacción de KFF (Kaiser Family Foundation), que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud. Junto con Análisis de Políticas y Encuestas, KHN es uno de los tres principales programas de KFF. KFF es una organización sin fines de lucro que brinda información sobre temas de salud a la nación.