California ha destinado más de $1,000 millones en los últimos años a combatir la crisis de los opioides. Gran parte del dinero se ha utilizado para distribuir tiras reactivas de fentanilo y naloxona, el fármaco que revierte las sobredosis, así como para prestar atención médica a las personas sin hogar. El estado ha puesto en marcha una campaña de concienciación sobre los opioides dirigida a los jóvenes y recientemente ha recurrido a la Guardia Nacional para que ayude a detectar a los traficantes de drogas.
Sin embargo, el problema sigue empeorando.
Impulsadas en gran medida por la prevalencia del fentanilo, un opioide sintético hasta 100 veces más potente que la morfina, las sobredosis de drogas en California matan ahora a más del doble de personas que los accidentes de tráfico, más del cuádruple que los homicidios y más que la diabetes o el cáncer de pulmón, según California Health Policy Strategies, un grupo consultor de Sacramento.
Y el registro de vigilancia de sobredosis del estado indica que la mayoría de las muertes por sobredosis de opiáceos están relacionadas con el fentanilo.
Los datos provisionales del año pasado de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) muestran un pequeño aumento anual de las muertes por sobredosis en California, hasta casi 12,000. En todo Estados Unidos, las muertes por sobredosis volvieron a superar las 100,000.
“Como padre, me da mucho miedo. Como gobernador, lo veo, reconozco la naturaleza de lo que está ocurriendo en las calles”, dijo el gobernador Gavin Newsom el 12 de mayo al anunciar más fondos para que California produzca su propia naloxona.
A pesar de todo lo que el estado está haciendo para reducir las muertes por sobredosis de drogas, los expertos en políticas de salud pública dicen que no hay respuestas fáciles o claras. Los expertos en políticas antidrogas aplauden el esfuerzo de California por hacer que la naloxona esté tan comúnmente disponible como los extintores de incendios en escuelas, bares, bibliotecas y gasolineras, pero también recomiendan desviar a más delincuentes de las prisiones y cárceles hacia el tratamiento y fomentar el aumento del uso de medicamentos contra la adicción.
“Aunque hagamos muchas cosas bien en política, vamos a tener un buen número de muertes en los próximos años”, afirmó Keith Humphreys, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad de Stanford y experto en política antidrogas.
Afirmó que los legisladores deben examinar las causas subyacentes y complejas de la adicción si quieren lograr un cambio duradero. Los legisladores han creado un Comité Selecto sobre Fentanilo, Adicción a Opiáceos y Prevención de Sobredosis y han presentado un proyecto de ley para crear un Grupo de Trabajo sobre Adicción al Fentanilo y Prevención de Sobredosis. El proyecto de ley exige que el grupo de trabajo empiece a reunirse el año que viene y presente un informe provisional antes de enero de 2025 y recomendaciones antes de julio de 2025.
“Realmente es algo, como el covid, en lo que tenemos que centrarnos y hacer algunos cambios estructurales permanentes, como en la atención sanitaria, la atención de salud mental y la financiación para hacer frente a la adicción”, dijo Humphreys.
Newsom lo reconoció: “Nos queda mucho trabajo por hacer”.
El gobernador demócrata se unió el mes pasado al fiscal general Rob Bonta para pedir a la Guardia Nacional de California, a la Patrulla de Carreteras de California y al Departamento de Justicia del estado que tomen medidas enérgicas contra el tráfico de fentanilo en San Francisco, donde las sobredosis mortales aumentaron más de un 40% en los tres primeros meses de este año respecto a 2022.
En una declaración conjunta de 28 organizaciones, entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles del Norte de California y la Oficina del Defensor del Pueblo de San Francisco, se criticó la medida como “un enfoque que da prioridad a la aplicación de la ley en cuestiones de salud pública”.
Mientras que el gobernador se ha centrado en el tráfico de fentanilo y en facilitar el acceso a la naloxona, los legisladores estatales han estado debatiendo recientemente si endurecer las penas para los traficantes y cómo hacerlo.
Varias propuestas ya se han estancado, como una que busca enviar a los traficantes a la cárcel hasta nueve años si venden fentanilo en una plataforma de medios sociales y otra que advierte a los traficantes de que podrían ser acusados de asesinato si alguien muere consumiendo sus drogas. Los legisladores mantuvieron vivos dos proyectos de ley para endurecer las penas a los traficantes de grandes volúmenes de fentanilo y a quienes porten armas.
Los demócratas que controlan los comités de seguridad pública de la legislatura son reacios a apoyar penas más duras por miedo a desencadenar una nueva guerra contra las drogas o a reeditar las duras penas contra el crack que criminalizaban a los negros de forma desproporcionada.
Los californianos negros y latinos experimentaron un aumento en las muertes por sobredosis de más del 200% entre 2017 y 2021, según Konrad Franco, quien realizó la investigación para California Health Policy Strategies. Los negros constituyen el 6% de la población de California, pero representaron el 13% de sus muertes por sobredosis en 2021.
“No podemos retroceder y llenar nuestras cárceles de chicos de color”, afirmó la asambleísta Liz Ortega, demócrata de San Leandro, durante una audiencia especial celebrada el mes pasado sobre proyectos de ley relacionados con el fentanilo.
Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública, cuestionó la eficacia de aumentar las penas para personas que están dominadas en gran medida por sus adicciones.
Benjamin dijo que los legisladores deberían apoyar a los tribunales de drogas que promueven programas de tratamiento en lugar de encarcelamiento, aunque dijo que el encarcelamiento puede ser necesario para proteger al público sobre todo de los delincuentes violentos que rechazan el tratamiento y perjudican a los demás.
Humphreys señaló como modelos los programas Honest Opportunity Probation With Enforcement y 24/7 Sobriety. Estos combinan la realización periódica de pruebas de drogas y alcohol a los delincuentes con la imposición de penas cortas en caso de infracción.
“Se utiliza el sistema de justicia penal de forma que, a largo plazo, se reduce el encarcelamiento en lugar de aumentarlo”, explicó Humphreys.
Sin embargo, Tanya Tilghman, una mujer de raza negra de San Francisco, apoya el endurecimiento de las penas contra los traficantes de fentanilo y afirma que el problema trasciende las fronteras raciales. Tilghman se convirtió en activista de Madres contra la Drogadicción y las Muertes por Drogas después de que su hijo se volviera adicto a la metanfetamina y, más recientemente, al fentanilo.
“Cuando la gente se droga, no entiende de colores ni de razas”, dijo. “Está matando a mucha más gente y está matando a mucha gente negra”.
Daniel Ciccarone, experto en política antidrogas de la Universidad de California-San Francisco, dijo que las medidas de represión pueden ser populares entre el público, pero “simplemente no funcionan tan bien como quisiéramos”. Como mínimo, indicó, cualquier medida represiva debería ir acompañada de un enfoque de salud pública equitativo.
“Hemos tirado decenas de miles de millones de dólares en la guerra contra las drogas durante dos generaciones, casi tres generaciones ahora, y lo creas o no, las drogas en todas las categorías, desde la marihuana a la cocaína a la heroína/fentanilo, son cada vez más puras y cada vez más baratas a pesar de los impresionantes niveles de esfuerzo”, dijo Ciccarone. “La respuesta más honesta es que no hay una respuesta clara sobre qué hacer con la crisis del fentanilo”.
Recomendó que California permita sitios de consumo supervisado donde los consumidores de opioides puedan inyectarse drogas legalmente, una idea que Newsom vetó el otoño pasado pero que, según Ciccarone, puede facilitar el acceso al tratamiento. Otras estrategias de reducción de daños, como ampliar el uso de tiras reactivas y otros análisis químicos para comprobar si los fármacos están contaminados con fentanilo, también pueden salvar vidas, afirmó.
Humphreys dirigió una comisión de 17 miembros que examinó la crisis de los opiáceos y formuló recomendaciones como la ampliación de la disponibilidad de medicamentos de venta con receta, como la buprenorfina, la naltrexona y la metadona, para aliviar el ansia y los síntomas de abstinencia de los adictos.
Sin embargo, algunos padres de niños que han sufrido la adicción a los opiáceos afirman que el endurecimiento de las penas debe formar parte de la respuesta.
“Lo que no entienden es que el fentanilo ha cambiado el panorama de las drogas como ninguna otra droga lo ha hecho en la historia de los Estados Unidos de América”, dijo Jaime Puerta, cuyo único hijo, Daniel, murió de una sobredosis de fentanilo en 2020 a los 16 años.