La hija de 21 años de Theresa Andrews, Olivia, es adicta a la heroína. Luchar por obtener medicamentos que la ayuden a terminar con su adicción solo ha agregado más dolor al “infierno”, dijo Andrews.
Hace unos años, la madre de San Diego llamó a docenas de doctores antes de encontrar a uno que le recetara a su hija buprenorfina, un medicamento ampliamente usado que calma la necesidad de heroína.
Luego, Andrews enfrentó otro obstáculo en la farmacia: descubrió que su cobertura de salud, de primer nivel, que tiene a través de su trabajo, requiere una autorización previa cada mes.
El proceso de pre-autorización genera una demora de tres días que Andrews teme podría llevar a Olivia a una recaída. Entonces, lo que hace es dejar de lado el seguro y pagar $250 de su propio bolsillo por el medicamento, contó.
“Es muy, muy frustrante”, dijo Andrews, de 47 años, vicepresidenta de una asociación local de agentes inmobiliarios. “Soy tan afortunada de poder pagarlo”.
Hace pocos días, legisladores de California enviaron un proyecto de ley al gobernador Jerry Brown que podría facilitar que personas como Olivia Andrews reciban tratamiento. Según la medida, las aseguradoras privadas deben cubrir los medicamentos para la adicción a los opioides sin necesidad de aprobación previa.
El proyecto de ley también requeriría que las aseguradoras cubran la naloxona, un medicamento para revertir una sobredosis, sin autorización previa.
“Este proyecto de ley normalizaría y estandarizaría [el tratamiento con opioides] y lo haría tratable como se trata a la diabetes”, dijo la doctora Chwen-Yuen “Angie” Chen, profesora asistente de clínica en la Universidad de Stanford, y especialista en adicciones.
Esa propuesta está entre las 14 aprobadas por la legislatura de California antes que comenzara el receso, que ayudaría a los usuarios de opioides a quebrar sus adicciones, o evitar que consuman en primer lugar. Una medida mejoraría los programas de tratamiento para niños. Otra permitiría a San Francisco establecer sitios “seguros para inyectarse”, donde las personas podrían inyectarse drogas ilegales bajo supervisión médica. Otros dos proyectos de ley proporcionarían educación y certificación para más médicos para tratar la adicción.
El gobernador Jerry Brown tiene hasta el 30 de septiembre para firmar o vetar las propuestas. Ya ha firmado tres de los proyectos de ley.
La medida que ampliaría la cobertura de medicamentos para personas con seguro privado, como Andrews y su hija, especifica ciertos medicamentos, como la buprenorfina, la metadona y la naltrexona, que los especialistas en adicción usan para alejar a los pacientes de los opioides ilegales y recetados.
La propuesta, del representante estatal Joaquín Arámbula (demócrata de Fresno), requeriría que las aseguradoras cubran al menos una forma de cada uno de los medicamentos. Por ejemplo, la buprenorfina viene en tabletas, inyecciones y otras presentaciones y, según el proyecto, la aseguradora debería cubrir solo una de ellas.
Las aseguradoras se oponen a la medida, argumentando que aumentaría el costo de la atención obligando a los planes de salud a cubrir costosos tratamientos. Un análisis realizado por investigadores de la Universidad de California estima que el proyecto de ley costaría a los empleadores, individuos y aseguradoras de Medicaid alrededor de $25 millones al año en costos adicionales relacionados con primas más altas y gastos de bolsillo.
Mary Ellen Grant, vocera de la Asociación de Planes de Salud de California, dijo que las aseguradoras deberían poder guiar a los pacientes hacia terapias de menor costo que sean igualmente efectivas.
La Sociedad de Medicina contra la Adicción de California apoya el requisito de cobertura, pero dijo que casi todos los planes de salud ya cubren algún tipo de tratamiento de la adicción, muchos de ellos sin requisitos de aprobación previa.
El doctor David Kan, presidente de la junta de la asociación y especialista en medicina de adicciones con sede en Walnut Creek, dijo que le gustaría que la legislatura considere medidas más amplias que garanticen a los pacientes la cobertura de cualquier medicamento recetado por sus médicos.
Otras propuestas relacionadas con los opioides que los legisladores enviaron a Brown incluyen:
- Una medida para permitir que los consejeros de drogas reciban pago por brindar terapia a través de telemedicina a las personas inscritas en Medi-Cal, el programa de seguro público del estado que cubre a más de un tercio de los californianos.
- Una propuesta que requeriría que los médicos y dentistas ofrezcan a los pacientes una receta de naloxona cada vez que receten analgésicos opioides.
- Un proyecto de ley que permitiría a California vincular su base de datos de prescripción de opioides con los de otros estados para que los proveedores puedan rastrear a los pacientes y evitar que busquen recetas de opiáceos en consultorios médicos en otros estados.
- Una medida que dirigiría a los funcionarios estatales de atención médica a crear pautas para los programas de tratamiento de abuso de sustancias para niños y adultos de hasta 26 años para julio de 2021.
- Una propuesta para exigir que los médicos aprendan sobre los riesgos de la adicción a los opioides como parte de la capacitación educativa sobre el manejo del dolor. Otra iniciativa permitiría a los médicos certificarse para tratar la adicción como parte de sus requisitos de educación médica continua.
La asambleísta Susan Talamantes Eggman (demócrata de Stockton) presentó el proyecto de ley que permitiría a la ciudad de San Francisco establecer “sitios seguros para inyectarse”. Este tipo de lugar ya existe en Vancouver, Columbia Británica, y otros se están considerando en la ciudad de Nueva York, Filadelfia y Seattle.
Laura Thomas, directora de Drug Policy Alliance en California, una organización que aboga por políticas de drogas basadas en la ciencia y es la principal patrocinadora de la legislación, dijo que los sitios seguros para inyectarse podrían prevenir las muertes ya que el personal estaría disponible para revertir las sobredosis. Además, los usuarios que utilizan estos sitios tendrían más probabilidades de buscar tratamiento.
“La evidencia y el sentido común dicen que funcionarán”, dijo Thomas, “pero las leyes se interponen en el camino”.