Luego de la reciente masacre en Thousand Oaks, California, en la que murieron 11 personas en un bar de música country, el presidente Donald Trump repitió la misma frase: “Es un problema de salud mental”. “Era un tipo muy enfermo”, dijo de Ian David Long, el atacante.
De la misma manera, después del tiroteo en una escuela de Parkland, Florida, en febrero, en el que murieron 17 personas entre estudiantes y personal, Trump tuiteó que había “muchos indicios de que el que disparó estaba mentalmente perturbado”.
Sin embargo, expertos en salud pública y salud mental argumentan que culpar a las personas con enfermedades mentales de la violencia es injusto e impreciso, y señalan que a lo que se debería mirar es a la laxitud de las leyes sobre armas de fuego.
“La mayor parte de los actos violentos no los cometen personas mentalmente enfermas”, enfatizó la doctora Renée Binder, profesora de psiquiatría de la Universidad de California en San Francisco y ex presidenta de la American Psychiatric Association. “Aunque nos hiciéramos cargo de todos los que sufren algún tipo de trastorno mental y los encerráramos y los medicáramos, apenas comenzaríamos a indagar en el problema de la violencia”.
En los debates que les siguen a estas masacres, las opiniones son blancas o negras, pero la investigación muestra que la verdad tiene zonas grises.
Tanto los “defensores de eliminar el estigma”, que insisten en que la enfermedad mental no tiene relación con la violencia, y los “propagadores del temor”, que afirman que “los enfermos mentales son una amenaza peligrosa y deben ser encerrados”, están equivocados, dijo Jeffrey Swanson, profesor de psiquiatría de la Universidad de Duke, quien ha estudiado los patrones de violencia en las principales ciudades de los Estados Unidos.
Si bien es cierto que la enfermedad mental desempeña sólo un pequeño papel en la mayoría de las formas de violencia, incluidos los homicidios individuales, su papel es mayor en los tiroteos masivos.
Alrededor del 60% de los perpetradores de este tipo de tiroteos tienen un historial de trastornos mentales graves, y, de ellos, dos tercios nunca pisaron un servicio de salud mental, dijo Grant Duwe, director de investigación y evaluación del Departamento Correccional de Minnesota, quien ha pasado años estudiando los tiroteos masivos. Aunque eso sugiere una mayor necesidad de tratamiento, la tercera parte de los que sí recibieron ayuda “llevaron a cabo un ataque de todos modos”, dijo. “Así que, incluso recibir atención de salud mental no es la panacea que la gente dice que es”.
Por ejemplo, James Holmes, quien en 2012 mató a 12 personas en un cine de Aurora, Colorado, había recibido tratamiento psiquiátrico, y habló sobre pensamientos homicidas en las sesiones. Pero no fue reportado a las autoridades porque no expresó ningún plan concreto.
Seung-Hui Cho, cuyos problemas mentales se remontaban a su infancia, habló en varias ocasiones con los consejeros del campus dos años antes de matar a 32 personas y herir a otras 17 en la Universidad Virginia Tech, en 2007. Diagnosticado con un trastorno del estado de ánimo después de amenazar con autolesionarse en 2005, fue hospitalizado durante una noche y un juez ordenó que recibiera tratamiento ambulatorio. Pero, misteriosamente, no fue evaluado ni tratado.
A menudo, la propensión de estas personas a la violencia es más fácil de ver en retrospectiva.
Seis meses antes del tiroteo en el Borderline Bar & Grill en Thousand Oaks, la policía respondió a una llamada al 911 que reportaba gritos y golpes procedentes del interior de la casa donde Long, el supuesto atacante, vivía con su madre. Al llegar, la policía se encontró con un joven “iracundo” que actuaba “irracionalmente” y llamaron a un equipo de crisis de salud mental. Los trabajadores sociales de ese equipo lo evaluaron y concluyeron que no había motivos para ponerlo bajo supervisión psiquiátrica.
No se sabe si los oficiales sabían que había manejado ametralladoras en Afganistán, lo que, después del tiroteo, llevó a especular que podría haber padecido un trastorno de estrés postraumático. Sólo más tarde se supo también que Long había atacado a un entrenador de atletismo en la escuela secundaria.
California permite a las autoridades detener a las personas durante 72 horas para evaluar su estado mental, una práctica similar a la de muchos estados. Pero el estándar para este tipo de detenciones, conocidas en California como “5150”, es bastante alto, señaló el doctor Garen Wintemute, médico de emergencia, quien dirige el Centro de Investigación de Violencia con Armas de Fuego de la Universidad de California en Davis.
Para ser detenida, una persona debe representar una amenaza grave e inminente para sí misma o para otros, o estar tan seriamente discapacitada que no pueda cuidarse por sí misma. La ley no toma en cuenta el abuso de sustancias, dijo Wintemute.
“Un 5150 implica poner a una persona bajo custodia a veces en contra de su voluntad”, explicó Wintemute. “Eso no es algo que se pueda hacer a la ligera”.
El doctor E. Fuller Torrey, psiquiatra que fundó el Treatment Advocacy Center hace 20 años, ha argumentado durante mucho tiempo que la sociedad necesita ser más enérgica a la hora de proporcionar atención a las personas gravemente perturbadas —y exigir esa atención cuando sea necesario— para prevenir el suicidio, los tiroteos en masa y otros actos de violencia.
Su objetivo es lograr que más legislaturas estatales aprueben proyectos de ley como la Ley de Kendrall en Nueva York y la Ley de Laura en California, por las que los jueces pueden ordenar que las personas con enfermedades mentales reciban tratamiento ambulatorio. Su organización asistió en la redacción de ambos proyectos, y ha ayudado a conseguir la aprobación de leyes similares en al menos 16 estados. En California y algunos otros estados, sin embargo, el alcance de la ley depende de la decisión de cada condado para implementarla.
Duwe no se posiciona sobre la idea del tratamiento obligatorio, pero dijo que hacerlo para prevenir eventos que ocurren sólo unas pocas veces al año tiene poco sentido. “Los tiroteos públicos masivos son más comunes de lo que deberían ser, pero todavía no son tan frecuentes como para diseñar políticas basadas en el tratamiento de eventos tan raros”, expresó.
Las leyes de armas que se enfocan exclusivamente en personas con antecedentes de salud mental también tienen poco sentido, dijeron los doctores James Knoll y George Annas, profesores de psiquiatría del SUNY Upstate Medical Center, en un artículo de 2016 en Psychiatry Online.
Esas leyes “tendrán un rendimiento extremadamente bajo, serán ineficaces y derrocharán recursos escasos”, escribieron.
Wintemute sostuvo que otras intervenciones estratégicas podrían funcionar mejor. Por ejemplo, aboga por arreglar problemas en el sistema nacional de verificación de antecedentes, por el que se requiere que los vendedores de armas de fuego verifiquen con el FBI que un comprador no es un delincuente, un fugitivo, un abusador doméstico o un enfermo mental peligroso.
Explicó que uno de los defectos es que las ventas privadas están exentas de estos chequeos, incluyendo las que tienen lugar durante ferias comerciales de armas de fuego. Sólo las agencias federales, pero no las estatales, están obligadas a enviar información a la base de datos de verificación de antecedentes; y no se reportan miles de casos de violencia por parte de miembros del servicio militar, incluyendo el de un pistolero que mató a 26 personas en una iglesia de Texas en 2017.
Wintemute también ayudó a redactar una ley de California que entró en vigencia en 2016 y que permite a los miembros de la familia, o a los agentes del orden público, solicitar una orden de restricción temporal que prohíba a una persona potencialmente violenta comprar armas, y confiscarle las que ya estén en su posesión.
Estas órdenes para restringir las armas de fuego no involucran una evaluación de salud mental, dijo Wintemute, pero están diseñadas para permitir que los miembros de la familia retiren temporalmente las armas de un pariente en riesgo de hacer daño, incluyendo el suicidio. La orden puede durar hasta tres semanas y puede extenderse hasta un año después de una audiencia, en la cual el dueño del arma puede pedirle al juez que se la devuelvan.
En California, se emitieron 190 órdenes hasta finales del año pasado, indicó Wintemute, algo que describió como decepcionante. Las cifras para este año aún no se recopilan, pero Wintemute dijo que están creciendo. Hasta ahora, 13 estados han aprobado leyes similares, comenzando con Connecticut en 1999. Ocho, incluyendo Florida, las aprobaron después del tiroteo en Parkland, y Florida ya ha emitido 450 de esas órdenes, señaló Wintemute.
Los médicos pueden desempeñar un papel clave al preguntarle a los pacientes y a los miembros de la familia si poseen armas y al animar a la familia a solicitar una orden de restricción si están preocupados, agregó Wintemute.
“Si los médicos están dispuestos a ver esto como `Si ves algo, di algo,’ y lo llevas a la atención de las familias, podríamos reducir los índices de suicidio y posiblemente los tiroteos masivos”, concluyó.