Brotes de covid-19, paperas y varicela. Agua contaminada, comida con moho y conductos de aire que despiden polvo negro.
Estas amenazas a la salud se han documentado dentro de las instalaciones de detención de inmigrantes administradas de manera privada en California a través de demandas, auditorías federales y estatales, y quejas presentadas por los mismos detenidos.
Pero los oficiales de salud pública locales que inspeccionan de manera rutinaria las cárceles del condado y las prisiones estatales dicen que no tienen autoridad bajo la ley estatal para inspeccionar los centros de detención operados por compañías privadas, incluidos los seis centros federales de inmigración en California.
La senadora estatal María Elena Durazo (demócrata de Los Ángeles) quiere zanjar esa laguna legal con una legislación que permitiría a los oficiales de salud de los condados realizar inspecciones en las instalaciones si lo considerasen necesario.
Durazo dijo que muchos detenidos viven en condiciones infrahumanas, y que las enfermedades contagiosas que se propagan en estas instalaciones podrían representar un riesgo para las comunidades circundantes.
“Desafortunadamente, a nuestros detenidos se los trata como si no fueran seres humanos”, dijo. “No queremos excusas. Queremos que los funcionarios estatales y de salud pública entren siempre que fuera necesario”.
No está claro cuánta autoridad tendrían los oficiales de salud locales para implementar cambios, pero expertos en salud pública dicen que podrían actuar como observadores independientes para documentar violaciones que de otro modo el público no conocería.
El Senado estatal aprobó el proyecto de ley, SB 1132, por unanimidad a finales de mayo. Ahora está bajo consideración en la Asamblea estatal.
La inmigración está regulada por el gobierno federal. GEO Group, el contratista privado de prisiones más grande del país, opera los centros federales de California, ubicados en cuatro condados. En conjunto, pueden albergar hasta 6,500 personas en espera de deportación o audiencias de inmigración.
Durante su campaña en 2020, el presidente Joe Biden prometió poner fin a la detención de inmigrantes con fines de lucro. Pero más del 90% de las aproximadamente 30,000 personas detenidas por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en un día cualquiera permanecen en instalaciones privadas, según un análisis de 2023 de la Unión Americana de Libertades Civiles.
Miembros del Congreso en ambas cámaras han presentado legislaciones para eliminar gradualmente los centros de detención privados, mientras que otros legisladores, incluidos al menos dos en julio, han pedido investigaciones sobre la atención médica y de salud mental deficientes, y las muertes.
En 2023, legisladores en el estado de Washington aprobaron una ley para imponer supervisión estatal de las instalaciones de detención privadas, pero el GEO Group demandó, y la medida está atascada en los tribunales. Los legisladores de California han intentado repetidamente regular estas instalaciones, con resultados mixtos.
En 2019, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, firmó una medida que prohíbe que las prisiones y centros de detención privados operen en California. Pero luego un tribunal federal declaró la ley inconstitucional en lo que respecta a los centros de detención de inmigrantes, diciendo que interfería con las funciones federales.
En 2021, los legisladores estatales aprobaron un proyecto de ley que exige que los centros de detención privados cumplan con las órdenes de salud pública estatales y locales, y las regulaciones de seguridad y salud de los trabajadores.
Esa medida se adoptó en el apogeo de la pandemia de covid-19, cuando el virus arrasaba con las instalaciones de detención donde las personas estaban hacinadas en dormitorios sin, o con poca, protección contra los virus transmitidos por aire.
Por ejemplo, en el Centro de Detención de Otay Mesa, en San Diego, un brote al comienzo de la pandemia infectó a más de 300 miembros del personal y a detenidos.
La Asociación de Oficiales de Salud de California, que representa a los oficiales de salud pública de los 61 departamentos de salud locales del estado, apoya la legislación de Durazo.
“Estas investigaciones desempeñan un papel fundamental en la identificación y abordaje de preocupaciones de salud e higiene dentro de estas instalaciones, mitigando así los riesgos para los detenidos, el personal y las comunidades circundantes”, indica una carta de Kat DeBurgh, directora ejecutiva de la asociación.
Bajo la medida, los oficiales de salud pública determinarían si las instalaciones están cumpliendo con las reglas ambientales, como garantizar una ventilación adecuada, y ofrecer atención básica de salud mental y física, tratamiento de emergencia y alimentos preparados de manera segura.
A diferencia de las instalaciones correccionales públicas, que los oficiales de salud locales inspeccionan cada año, los centros de detención privados serían inspeccionados a necesidad, según lo determine el oficial de salud.
Christopher Ferreira, vocero de GEO Group, y Richard Beam, vocero de ICE, se negaron a comentar sobre la medida.
Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública, dijo que los oficiales de salud pública están bien posicionados para inspeccionar estas instalaciones porque entienden cómo hacer que los espacios confinados sean más seguros para grandes poblaciones.
Aunque probablemente no puedan obligar a los centros de detención a cumplir con sus recomendaciones, sus informes podrían proporcionar información valiosa para los funcionarios públicos, abogados y otros que quieran explorar opciones como litigar, dijo. “Cuando el sistema no funciona, los tribunales pueden desempeñar un papel muy importante”, agregó Benjamin.
El sistema federal que monitorea la atención médica y la transmisión de enfermedades contagiosas dentro de los centros de detención de inmigrantes está roto, dijo Annette Dekker, profesora clínica asistente de medicina de emergencia en UCLA, que estudia la atención médica en estas instalaciones.
Tradicionalmente, personal del ICE realiza las inspecciones de los centros de detención y, hasta 2022, también un auditor privado.
En un artículo publicado en junio, Dekker y otros investigadores mostraron que los funcionarios de inmigración y el auditor realizaban inspecciones con poca frecuencia —al menos una vez cada tres años— y proporcionaban poca información pública sobre las deficiencias y cómo se abordaban.
“Hay mucho daño que está ocurriendo en los centros de detención que no podemos documentar”, dijo Dekker.
ICE y el GEO Group han sido objeto de demandas y cientos de quejas que alegan condiciones deficientes dentro de las instalaciones de California desde que comenzó la pandemia. Algunas de estas demandas están pendientes, pero una parte significativa de las quejas ha sido desestimada, según una base de datos mantenida por la Unión Americana de Libertades Civiles.
Las demandas más recientes de los detenidos alegan condiciones de hacinamiento e insalubridad, negación de atención médica y de salud mental adecuadas, negligencia médica y muerte por suicidio.
La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California multó al GEO Group con unos $100,000 en 2022 por no mantener procedimientos escritos para reducir la exposición a covid. El GEO Group ha impugnado la multa.
“He experimentado condiciones de vida realmente inhumanas”, dijo Dilmer Lovos, de 28 años, a KFF Health News por teléfono desde el centro de detención de inmigración Golden State Annex en McFarland, en el condado de Kern. Lovos ha estado detenido allí desde enero mientras espera una audiencia de inmigración.
Lovos, quien nació en El Salvador y usa los pronombres ellos/ellas, ha sido residente permanente legal durante 15 años y fue detenido por oficiales de inmigración mientras estaba en libertad condicional.
A principios de julio, Lovos y otros 58 detenidos del Golden State Annex y el Centro de Procesamiento de ICE Mesa Verde, en Bakersfield, comenzaron una huelga de hambre y laboral exigiendo el fin de las malas condiciones de vida, el confinamiento solitario y los servicios médicos y de salud mental inadecuados.
Lovos describió una habitación abarrotada, filtros de aire obstruidos, ratones y cucarachas correteando en la cocina, agua goteando del techo y detenidos con síntomas parecidos a los de la gripe que no podían acceder a medicamentos ni a una prueba de covid cuando lo pedían.
Los protocolos del ICE requieren pruebas a los detenidos con síntomas al ingresar a las instalaciones sin hospitalizaciones ni muertes por covid en la semana anterior. En las instalaciones con dos o más hospitalizaciones o muertes en la semana anterior, se evalúa a todos los detenidos durante el proceso de admisión. Después de eso, depende de los proveedores médicos de cada instalación decidir cuándo es necesaria una prueba.
Después que Lovos presentara una queja ante el GEO Group en junio, alegando negligencia médica y de salud mental, dijeron que los pusieron en confinamiento solitario durante 20 días sin un inodoro que funcionara correctamente. “Olía mi orina y heces porque no podía tirar de la cadena”.
El vocero Ferreira se negó a abordar las acusaciones de Lovos pero dijo por correo electrónico que los detenidos reciben “acceso las 24 horas del día a atención médica”, incluidos médicos, dentistas, psicólogos y derivaciones a especialistas externos.
“GEO rechaza las acusaciones infundadas que se han hecho con respecto al acceso a los servicios de salud en los Centros de Procesamiento del ICE contratados por GEO”, dijo.
Una inspección sorpresa de funcionarios federales de inmigración en abril de 2023 encontró que los empleados de Golden State Annex no respondieron dentro de las 24 horas a las quejas médicas, lo que, según el informe, podría afectar negativamente la salud de los detenidos, y no archivaron de manera adecuada sus registros médicos.
Lovos dijo que nadie ha abordado sus preocupaciones y que las condiciones solo han empeorado.
“Por favor, vengan a revisar estos lugares”, dijo Lovos en una súplica a los oficiales de salud locales.