Erica Torres es una de los estimados 1,4 millones de Californianos que viven sin seguro en gran parte porque son indocumentados.
Ella estuvo esperanzada cuando el president Barack Obama expandió los programas de alivio de las deportaciones para inmigrantes indocumentados, una movida controversial que hubiera puesto el cuidado de salud subsidiado por el gobierno dentro de su alcance.
Pero el mes pasado, la decisión de la Corte Suprema de suspender la orden de Obama ha echado por tierra esta aspiración, dejando el futuro de Torres y sus opciones de seguro de salud en el limbo.
“No he tenido seguro desde que nació mi hijo (ahora de 7 años)”, dijo Torres, de 44 años, quien vive en Canoga Park, un suburbio del sur de California. “Me pareció que era una posibilidad, que a lo mejor calificaría para el Medi-Cal”.
Para los inmigrantes indocumentados, encontrar cuidado de salud asequible ha sido una batalla en curso. Han reclamado algunas victorias. Por ejemplo, los niños indocumentados en California pueden inscribirse en el Medi-Cal, el programa estatal del Medicaid. Pero hay pocas opciones de cuidado de salud a bajo costo para adultos que están en el país ilegalmente.
La decision dividida del mes pasado de la Corte Suprema de Estados Unidos, que bloqueó temporalmente los programas de alivio de las deportaciones de Obama, deja a millones de inmigrantes indocumentados en California, y alrededor del país, enfrentando una profunda incertidumbre.
Miranda Dietz, una investigadora en el Berkeley Center for Labor Research and Education de la Universidad de California, quien ha estudiado a los inmigrantes y el cuidado de salud, dijo que el fallo de la Corte Suprema significa que menos personas indocumentadas en California tendrán acceso a seguro de salud, tanto por el Medi-Cal, por inscripción en la Universidad, o por cobertura del empleador.
Torres, quien vino ilegalmente a los Estados Unidos 17 años atrás, había puesto sus esperanzas en uno de los programas de alivio de las deportaciones afectadas por la decisión de la Corte Suprema, conocida como Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA, por sus siglas en inglés).
El programa otorgaría protección de la deportación a adultos que han vivido en el país de manera continua desde 2010 y tienen niños nacidos en Estados Unidos.
La elegibilidad para el programa permitiría a este grupo de adultos indocumentados aplicar para permisos de trabajo. Y en California, también podrían aplicar para el Medi-Cal, siempre y cuando cumplieran con los criterios de ingreso.
Porque su hijo nació en los Estados Unidos, Torres hubiera sido elegible para aplicar para DAPA. Ella ya había reunido los papeles que pensaba que necesitaría.
Pero la decisión del mes pasado de la Corte Suprema mantuvo un fallo de primera instancia que bloqueó el programa, el que aún no había entrado en vigor debido a los retos legales. El fallo significa que, al menos por ahora, Torres todavía no puede aplicar para el Medi-Cal.
“Fue decepcionante y frustrante”, dijo Torres. Se había sentido segura de que pronto tendría una sensación de seguridad, y con ello, el acceso a la atención preventiva básica.
La decisión de la Corte Suprema también bloqueó, al menos temporalmente, la expansión planeada por Obama de otro programa, conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el controversial programa de alivio de las deportaciones para los jóvenes indocumentados. La expansión hubiera elevado la edad límite para la inclusión en el programa, haciéndolo disponible para un grupo más grande de personas, los que hubieran sido elegibles para cobertura de salud del Medicaid.
Los defensores de la salud de California notan que el fallo de la Corte Suprema es temporal y lo más probable es que sea revisado. La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una petición ante la Corte Suprema solicitando una revisión del caso. Pero si esa audiencia se llevará a cabo, y cuándo, probablemente dependerá del resultado de la elección presidencial.
El programa original de DACA, que ha permitido a 700.000 indocumentados jóvenes permanecer en los Estados Unidos desde el 2012, no fue afectado por el fallo de la Corte Suprema. Los participantes actuales en ese programa retienen sus derechos, incluyendo el acceso al Medi-Cal para aquéllos que viven en California.
Investigadores del Center for Health Policy Research de la UCLA y del Labor Center de Berkeley, estiman que en California, entre 310.000 y 440.000 adultos indocumentados podrían ser elegibles para el Medi-Cal si se permite en última instancia la expansión de los dos programas.
Pero cuántos inmigrantes en realidad se inscribirían es difícil de determinar, dicen los investigadores.
A mediados de 2014, a 154.000 personas en California se les concedió protección bajo DACA, de los cuales 125.000 eran elegibles para Medi-Cal. Sin embargo, menos de 11.000 de ellos en realidad se registraron, mostró la investigación de la UCLA y UC Berkeley.
Pero esos son sólo estimados, explicó Dietz de UC Berkeley. No hay una caja que los participantes de DACA puedan marcar que permita al Departamento de Servicios de Cuidado de Salud (Department of Health Care Services), que administra el Medi-Cal, identificar a los que aplican que son parte del programa de alivio de deportaciones.
“El mejor estimado que tenemos es de principios a mediados del 2014, y se ve bastante bajo”, dijo Dietz. “Parte de eso es debido a que las personas no saben [sobre el Medi-Cal]. A comienzos del 2014, hubo muchos cambios que tuvieron lugar en el sistema de salud y hubo algo de confusión sobre la elegibilidad”.
Dietz dijo que es importante hacer correr la voz de que todavía existe el programa original DACA.
La decisión de la Corte Suprema es una oportunidad perdida, dijo Denisse Rojas, colega de Dietz y una beneficiaria del programa DACA. Rojas es una estudiante de medicina y cofundadora de Pre-Health Dreamers, una red de intercambio de información para estudiantes indocumentados que siguen carreras en el cuidado de la salud.
“Hay grandes programas y asistencia para la juventud [indocumentada]”, dijo, “pero no hay mucho para los adultos, y hay una urgencia para los adultos que están envejeciendo, especialmente aquellos con enfermedades crónicas”.
Rojas agregó: “los jóvenes indocumentados han sido etiquetados como merecedores y de alto rendimiento, y por lo tanto tienen diferentes puntos de acceso [a la salud]. Mientras tanto los adultos —nuestros padres— han sido culpados”.
De vuelta en Canoga Park, Torres se preocupa sobre su salud, especialmente con su historial familiar de diabetes. Sólo visita un doctor cuando se siente muy enferma, dijo. Los chequeos preventivos no son una práctica común para ella.
Su esposo, quien trabaja en un vivero, tiene cobertura a través del trabajo. Pero ellos no pueden solventar el costo de agregarla a su plan de salud. Su hijo está cubierto a través del Medi-Cal.
Cuando estaba embarazada, Torres compró un seguro de salud. Ella tuvo un embarazo de alto riesgo y pensó que recibiría una mejor atención prenatal pagando por su cobertura, en lugar de recibir la cobertura gratuita que se ofrece a través de una versión de beneficios limitados del Medi-Cal, al que las mujeres embarazadas pueden calificar cualquiera sea su estatus migratorio.
“Estábamos pagando $400 al mes”, dijo Torres. “No siempre nos podemos permitir eso”.
El pequeño Esau tiene cobertura en Medi-Cal pero su madre no, ella solo visita un médico cuando se siente muy enferma. (Heidi de Marco/KHN)
Torres es voluntaria con la Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles, un grupo de defensa, en donde ella aprendió sobre el acceso a cuidado de salud a través de programas con base en el condado. Alguna cobertura está disponible para ella en Los Angeles por un programa de cuidado de salud con base en el condado. Pero no se ofrece en todo el estado. No está disponible para alguien que vive, por ejemplo, en el cercano condado de Kern.
Ella también ha considerado la compra de un plan de salud a través de Covered California, el mercado de seguros estatal. A pesar de que la Ley del Cuidado de Salud Asequible prohíbe a las personas que viven ilegalmente en el país comprar pólizas en el mercado de intercambio, esto podría cambiar en California.
Las autoridades de California están pidiendo al gobierno federal una exención de dicha norma. Si se concede, California se convertiría en el primer estado en permitir a los inmigrantes indocumentados comprar cobertura de salud en el mercado de intercambio, aunque no recibirian subsidios. La propuesta ha causado controversia: Los oponentes sostienen que California debe hacer frente a los costos y otros problemas con su sistema de atención de salud actual antes de hacer crecer el número de personas con cobertura.
Mientras que el mercado de intercambio podría ayudar potencialmente a algunos, otros como Torres no serían capaces de pagar sin subsidios, dijo.
Torres espera que la Corte Suprema en última instancia revoque su decisión, permitiéndole obtener Medi-Cal a través del programa DAPA.
“No vamos a renunciar”, dijo Torres. “Y no podemos perder la esperanza”.
The California Wellness Foundation supports KHN’s work with California ethnic media.