Sutter Health destruyó intencionalmente 192 cajas de documentos que estaban buscando empleadores y sindicatos para una demanda que acusa al gigante sistema de salud del norte de California de abusar de su poder en el mercado y cobrar precios inflados, según un juez estatal.
En un fallo la semana del 13 de noviembre, el juez Curtis E. A. Karnow, de la Corte Superior del condado de San Francisco, dijo que Sutter destruyó documentos “sabiendo que la evidencia era relevante para cuestiones antimonopolio… Aquí no hay una buena explicación para esta destrucción específica e inusual”.
Karnow citó un correo electrónico interno de un empleado de Sutter, quien dijo que estaba “huyendo y escondiéndose” después de ordenar la destrucción de los registros en 2015. “La interpretación más generosa para Sutter es que fue extremadamente imprudente”, escribió el juez en su fallo de 12 páginas.
Sutter, que tiene 24 hospitales y casi $12 mil millones en ingresos anuales, dijo que la destrucción fue un error lamentable.
Los empleadores y legisladores en todo el país están observando de cerca esta batalla legal en medio de una creciente preocupación sobre las consecuencias financieras de la consolidación de la industria. Los grandes sistemas de salud están ganando espacio en el mercado, y la capacidad de aumentar los precios mediante la adquisición de más hospitales, centros de cirugía ambulatoria y consultorios médicos.
“Es asombroso lo que hizo Sutter para encubrir los documentos incriminatorios en este caso”, dijo Richard Grossman, abogado principal de los demandantes, quien representa a un grupo de más de 1,500 planes de salud financiados por empleadores.
En abril de 2014, un plan de salud de trabajadores de supermercados demandó a Sutter, alegando que violaba las leyes antimonopolio y de competencia leal. Los demandantes comenzaron a solicitar documentos relacionados con prácticas contractuales, como las “cláusulas gag”, que impiden a los pacientes ver tarifas negociadas y elegir un proveedor más económico y términos de “todo o nada”, que requieren que todas las instalaciones de un sistema de salud estén incluidas en las redes del seguro.
Sutter cuestiona las acusaciones más amplias de la demanda acerca de su conducta en el mercado y dijo que lo que cobra está alineado con la competencia.
El juez dijo que, en 2015, Melissa Brendt, directora general de contratación de Sutter en el departamento de atención administrada, y la asistente del consejero general, Daniela Almeida, autorizaron la asistente ejecutiva de Brendt a que destruyera los documentos de atención administrada de 10 años atrás, desde 1995. La compañía había programado que los documentos fueran destruidos en 2035, 20 años después.
La asistente ejecutiva, llamada Sina Santagata, testificó que en sus 17 años en Sutter nunca había tenido conocimiento de que se destruyeran registros archivados.
En su fallo del 13 de noviembre contra Sutter, el juez señaló que un correo electrónico de Santagata era “particularmente notable”.
El 30 de julio de 2015, la asistente ejecutiva envió un correo electrónico a Brendt, la oficial principal de contratación, después de dar la orden de destruir los registros. Ella escribió: “He apretado el botón… si alguien necesita una caja entre el 15/03/95 y el 23/11/05 … estoy corriendo y escondiéndome. … ‘Dedos cruzados’ de no haber autorizado algo por lo que la FTC me buscará”.
La Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) aplica leyes antimonopolio en la atención de salud para evitar que los hospitales, los fabricantes de medicamentos y otros actores de la industria participen en un comportamiento anticompetitivo que podría dañar a los consumidores.
Santagata testificó que estaba siendo “sarcástica” en su correo electrónico, y Sutter le dijo al juez que la referencia de la FTC era solo una “broma”.
A Karnow no le pareció gracioso. “Hay infinitos temas para bromear, y elegir éste es una fuerte evidencia” a favor de los demandantes, escribió en su orden el lunes.
Como parte de sus sanciones contra Sutter, el juez ordenó al sistema de salud que examine cintas de copia de seguridad de correos electrónicos que cubran de 2002 a 2005 para buscar documentos sobre algunos de los mismos temas que los registros destruidos. Además, Karnow dijo que considerará una moción de los demandantes para emitir instrucciones del jurado que son adversas a Sutter a la luz de la destrucción del documento. El juicio está programado para junio de 2019.
“El registro muestra que la conducta de Sutter fue más que un simple error inadvertido”, escribió Karnow.
La portavoz de Sutter, Karen Garner, dijo que el incidente fue un “error cometido como parte de una destrucción rutinaria de viejos registros en papel” y el sistema de salud con sede en Sacramento reveló el error tan pronto como se descubrió.
“Lamentamos que, como parte de un proceso de archivo de rutina, no hayamos conservado algunas cajas de documentos impresos con décadas de antigüedad”, dijo Garner.
El United Food and Commercial Workers y su Employers Benefit Trust presentó inicialmente el caso contra Sutter en 2014. El plan de salud conjunto del sindicato representa a más de 60,000 empleados, dependientes y retirados. El tribunal certificó el caso como una demanda colectiva en agosto, permitiendo que cientos de otros empleadores y planes de salud autofinanciados se beneficien potencialmente del litigio.
Además de sus 24 hospitales, el sistema de salud sin fines de lucro de Sutter tiene 35 centros de cirugía y más de 5,000 médicos en su red. Informó $11.9 mil millones en ingresos el año pasado e ingresos por $554 millones.
Grossman, el abogado de los demandantes, dijo que le daba la bienvenida al fallo del juez. Pero agregó que gran parte de la evidencia es irremplazable, particularmente las notas manuscritas de las sesiones de negociación y las reuniones con ejecutivos claves de Sutter.
Dijo que esos registros cubrieron un período crítico a principios de la década de 2000 cuando hubo un “cambio radical en la estrategia de contratación de Sutter” e implementó disposiciones que aislaron al sistema de salud de la competencia de precios.
“Esto fue pionero en la industria”, dijo Grossman. “Hasta que abordemos el comportamiento anticompetitivo de entidades como Sutter, no resolveremos el problema de los altos costos en la atención médica”.
Los demandantes están tratando de recuperar cientos de millones de dólares de Sutter de lo que, afirman, son precios inflados ilegalmente. La demanda alega que una estadía nocturna en los hospitales de Sutter en San Francisco o Sacramento cuesta al menos un 38% más que una estadía comparable en el mercado más competitivo de Los Ángeles.
Un estudio publicado el año pasado descubrió que los precios de los hospitales en Sutter y Dignity Health, las dos redes de hospitales más grandes de California, eran un 25% más altos que en otros hospitales del estado. Investigadores de la Universidad del Sur de California dijeron que los gigantes sistemas de salud usaron su poder de mercado para aumentar los precios, lo que hace que la admisión promedio de los pacientes en ambas cadenas sea casi $4,000 más cara.
“Sutter es un caso bastante extremo de poder de mercado, pero la consolidación de la atención médica se ha convertido en un tema realmente importante en todo el país”, dijo Kathy Hempstead, investigadora de atención médica de la Robert Wood Johnson Foundation. “Ha estado en un segundo plano por el debate sobre la Ley del Cuidado de Salud Asequible, pero existe un interés bipartidista en abordar este problema”.