Legisladores de California están intentando allanar el camino para los inmigrantes indocumentados, para que puedan comprar seguro de salud a través del mercado de intercambio estatal, potencialmente sentando un precedente a nivel nacional.
La fusión de la inmigración sin papeles y la Ley de Seguro de Salud,
dos de los elementos más altamente cargados de la tabla periódica de las políticas de EE.UU., podría generar una reacción combustible, especialmente en un año electoral.
Los inmigrantes que viven en el país sin papeles están excluidos de las disposiciones expandidas del Obamacare. No son elegibles para Medicaid (llamado Medi-Cal en California), y no se les permite comprar un plan de salud del mercado de seguros federal u otro mercado estatal.
Sin esa disposición, el Congreso no hubiera aprobado la ley de reforma sanitaria para empezar.
Ahora, sin embargo, algunas familias de California y defensores están depositando sus esperanzas en un proyecto de ley del senador Ricardo Lara (demócrata de Bell Gardens) que abriría la puerta a los inmigrantes indocumentados para comprar planes de salud del mercado de intercambio Covered California. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los consumidores del mercado, no tendrían dólares federales para ayudar a comprarlos.
Eso, dicen muchos observadores, hace a la propuesta un gesto más bien simbólico, ya que la mayoría de los inmigrantes indocumentados no serían capaces de pagar las primas sin ayuda financiera.
El proyecto de ley de Lara fue aprobado por el Senado el año pasado, y está siendo retomado este año por la Asamblea.
El proyecto de ley se enfrenta a una serie de obstáculos.
De hecho no permitiría a los inmigrantes sin papeles comprar seguro a través del mercado estatal. Sólo requeriría que el gobierno federal exima a California de la norma que prohíbe tales compras. Son los federales los que tienen la palabra.
Si los federales fueran a darle luz verde al plan, Covered California sería el primer mercado de intercambio en el país en vender seguro a inmigrantes indocumentados, una posibilidad que no es bienvenida por los críticos de la inmigración ilegal.
No hay una aparente razón legal por la cual los federales no firmarían dicha solicitud, dijo Tim Jost, un profesor emérito de leyes en la Washington and Lee University en Virginia. Pero podría generar algunos fuegos artificiales políticos significativos, especialmente en un año de elección presidencial, dijo.
“Puedo casi garantizar que en los medios de comunicación del ala derecha, esto jugaría un rol muy grande”, dijo. “Ésto podría convertirse en un caso de ‘nosotros se lo dijimos’, que el Obamacare ayudaría a los trabajadores indocumentados”.
Pero Katherine Hempstead, una consejera senior en la Robert Wood Johnson Foundation, dijo que el hecho que no estarían involucrados dólares federales lo hace un tema menos caliente. “Es sólo otro canal de distribución”, dijo.
Antes que la propuesta de Lara siquiera llegue al nivel federal, tiene primero que pasar la legislatura y el escritorio del gobernador Jerry Brown.
Algunos expertos en políticas de salud creen que el proyecto de ley tiene una posibilidad decente de pasar a través de la jerarquía política de California.
Shannon McConville, una investigadora asociada en el Instituto de Política Pública de California (Public Policy Institute of California) notó que mientras el gobernador Brown ha sido fiscalmente conservador en la mayor parte, sí firmó una ley —pautada para entrar en vigencia en mayo— que permite a los niños indocumentados tener beneficios completos del Medi-Cal.
“El proyecto de ley (de Lara), al menos en su estado actual, no tiene una etiqueta con un precio alto, por lo que parece posible que lo aprobaría”, dijo McConville. “Pero nunca puedes saber con seguridad”.
Al nivel federal, la Ley de Seguro de Salud provee de una “renuncia a la innovación”, que permite a los estados —con la aprobación federal— modificar determinados artículos de la ley de reforma de salud con el fin de ampliar la cobertura. Tales cambios no deben tener ningún efecto neto sobre el presupuesto de EE.UU., por lo que los subsidios federales están excluidos del proyecto de ley de Lara.
Un análisis de la propuesta de renuncia, presentada por miembros del personal de Covered California a la junta del mercado de intercambio a comienzos de mes, estimó que la inscripción aumentaría en alrededor de 50.000 si los inmigrantes sin papeles pudieran comprar cobertura en el mercado de intercambio.
Peter V. Lee, director ejecutivo de Covered California, no replanteó una posición sobre el plan, pero dijo que las autoridades del mercado están dispuestas a ayudar a la legislatura en la búsqueda de esta opción.
“La pelota está del lado de sus cortes”, dijo.
Aunque, bajo esta propuesta, los inmigrantes indocumentados no calificarían para ayuda financiera, aún se beneficiarían de la considerable inversión que Covered California ha hecho en infraestructura para informar e inscribir a los consumidores, dijo McConville.
Algunos opositores al plan piensan que vender a inmigrantes sin papeles no debería ser una gran prioridad para Covered California. “El estado ha fallado en su compromiso con los proveedores de cuidados de salud y sus pacientes, y la prioridad de mi presupuesto es cuidar de ellos primero antes de ampliar el espectro”, dijo el senador Joel Anderson (republicano de Alpine), quien el año pasado votó en contra del proyecto de ley en el Senado.
Otros simplemente creen que ni el estado ni el gobierno federal deberían otorgar ningún beneficio a personas que están en el país ilegalmente.
Ira Mehlman, una vocera de la Federación por la Reforma Migratoria Americana (Federation for American Immigration Reform), dijo que proveer de cobertura a inmigrantes indocumentados bajo la Ley de Cuidado de Salud equivale a aceptar su presencia ilegal en el país.
Él predijo que si se le permite hacer esto a California, seguirían estados como Illinois y Nueva York. Y, argumentó, éste es sólo el primer paso para eventualmente tener cobertura subsidiada.
Sin subsidios, no es seguro que muchos inmigrantes indocumentados puedan comprar planes de Covered California.
Después de todo, ellos ya pueden comprar planes privados a través de agentes o directamente de las aseguradoras, pero no se apresuran a hacerlo, dijo Alex Hernández, un agente de seguros en Merced. “El costo es siempre lo que los ahuyenta”, dijo.
Los planes vendidos por Covered California llevan precios muy similares.
Hernández calculó que una persona en sus veinte y pico, que gane unos $45.000 al año, pagaría $304 por mes por un plan estándar de Anthem-Blue Cross a través de Covered California. Ese mismo plan comprado por la misma persona directamente en Anthem costaría $303,30, dijo.
Defensores de la expansión de la cobertura de salud conceden que permitir a personas sin papeles comprar planes en el mercado de intercambio no los volvería necesariamente más accesible para ellos, pero dicen que abriría la puerta a un mayor acceso y a un sentido de inclusión.
Personas en familias con estatus mixtos —con algunos miembros que están en el país ilegalmente y otros que son residentes legales o ciudadanos estadounidenses— se beneficiarían más, dicen los defensores del consumidor. Datos discutidos en una reunión de Covered California en febrero mostraron que el 74 por ciento de los hogares encabezados por inmigrantes indocumentados tienen miembros de la familia que son ciudadanos.
Los defensores del plan creen que si algunos miembros de la familia ya interactúan con Covered California o con el Medi-Cal, podría alentar a otros en su hogar a buscar cobertura.
Abrir el mercado de intercambio a los indocumentados, dicen, simplificaría la inscripción para toda la familia mediante la creación de una “ventanilla única” para todos los miembros del hogar.
“Es un modesto paso hacia adelante, pero es importante para la meta de salud para todos”, dijo Anthony Wright, director ejecutivo de Health Access, un grupo de defensa de los consumidores. Wright dijo que los partidarios del proyecto de ley son plenamente conscientes de que las personas seguirán haciendo frente a los problemas de asequibilidad, pero también hay miles de personas que pueden ser capaces de pagarlos.
María Galván, una residente indocumentada en San Fernando, California, no es uno de ellos. Ella no cree que pudiera comprar cobertura sin subsidios. Sabe lo costoso que puede ser, incluso para los dueños de pequeñas empresas como ella misma y su marido.
Galván dijo que no busca tanto la atención preventiva. Cuando se enferma, usualmente lo supera con remedios caseros. Si se vuelve serio, va directamente a la sala de emergencias del Olive View- UCLA Medical Center en Sylmar, su hospital más cercano.
“Tal vez un día el sistema mejorará para nosotros”, dijo Galván. “Tal vez algún día recibiremos ayuda financiera”.