A Rosie Zaballos le gustaba organizar fiestas para jugar a tomar el té, y todos la consideraban una niña dulce. Pero a su hermano mayor le preocupaba que la joven de 16 años, a quien su familia describía como “un poco lenta”, algún día pudiera quedar embarazada.
A sus 30 años y casado, él ya tenía tres hijos propios. Y su mamá estaba enferma y necesitaba ayuda. Así que, en 1939, decidió llevar a Rosie a un hospital estatal, para que fuera esterilizada y no pudiera tener bebés que agregaran una carga extra a la familia.
Rosie nunca volvió a casa. Murió durante la operación.
Esta historia dolorosa, narrada por la sobrina de Rosie, Barbara Swarr, rara vez se discutió en su familia durante su infancia en un vecindario de inmigrantes españoles en Hayward, California, al sureste de San Francisco.
Pero en los últimos años, Swarr, ahora de 70, ha reconstruido los detalles de la corta vida de su tía y las actitudes predominantes hacia los inmigrantes, los pobres y las personas con discapacidades que permitieron esterilizar a más de 20,000 californianos bajo la ley estatal de eugenesia, a menudo sin su consentimiento, durante un período de 70 años en el siglo XX.
“Esto era algo que nadie pensaba dos veces. ‘Si son hispanos… asegúrese de que no críen a estos seres inferiores'”, relató Swarr con una mezcla de tristeza y amargura.
En todo el país, el siglo pasado, más de 60,000 personas consideradas no aptas para reproducir fueron esterilizadas, muchas en contra de su voluntad o sin su conocimiento. Fue una estrategia de salud pública adoptada por 32 estados bajo leyes de eugenesia que abogaban por una “mejor raza”. Comenzó en las prisiones estatales de Indiana y se extendió a dos tercios del país, teniendo como blanco a personas con enfermedades mentales, discapacidades y cualquiera que mostrara un comportamiento “anormal”.
California abolió su ley de eugenesia en 1979 durante el primer mandato del gobernador demócrata Jerry Brown, y se disculpó en 2003 bajo el gobernador Gray Davis, también demócrata. Ahora, una nueva legislación, que está siendo analizada por un comité del Senado, iría un paso más allá para pagar indemnizaciones, siguiendo los pasos de Carolina del Norte y Virginia.
El proyecto de ley, de la Senadora estatal Nancy Skinner (demócrata de Berkeley), establecería el Eugenics Sterilization Compensation Program para los sobrevivientes de la esterilización patrocinada por el estado entre 1909 y 1979. Tal cual el proyecto está escrito ahora, la medida no especifica la cantidad de dinero del estado que los sobrevivientes recibirían, un detalle que los legisladores aún están estudiando.
En 2013, legisladores de Carolina del Norte destinaron $10 millones con este fin, y dos años más tarde Virginia autorizó $25,000 para cada víctima.
Los investigadores y los grupos de defensa estiman que aproximadamente 800 sobrevivientes todavía pueden estar vivos hoy en California, aunque ninguno se ha presentado públicamente, tal vez porque están avergonzados de lo que les sucedió o simplemente no se han dado cuenta que fueron víctimas.
Skinner dijo que espera que la publicidad que rodea su proyecto de ley aliente a los sobrevivientes a presentarse y denunciar.
“Estamos tratando de garantizar que esto no se olvide”, dijo. “Fue un error completamente injustificado que el estado autorizó e implementó”.
En California, los registros estatales describían a las mujeres que fueron esterilizadas como “de voluntad frágil”, “dependientes de otras” y “débiles mentales”. La razón de su esterilización: su condición mental “probablemente se transmita a los descendientes”.
La ley estatal autorizó a los superintendentes médicos en 12 hogares y hospitales estatales a anular la capacidad reproductiva de los pacientes a través de procedimientos médicos: vasectomías para hombres y extracción de trompas de Falopio para mujeres.
El Hospital Estatal de Sonoma realizó alrededor de 5.000 esterilizaciones, más que en cualquier otro lugar del país, según los registros compilados por Alexandra Minna Stern, profesora de la Universidad de Michigan y experta en leyes de eugenesia.
Esos registros también muestran que las latinas en California tenían un 59% más de probabilidades de ser esterilizadas que las no latinas. Eran niñas y mujeres que probablemente no hablaban bien el inglés y tenían un bajo coeficiente intelectual, dijo Stern, quien descubrió los registros de esterilización del estado en un archivo del Departamento de Salud Mental de Sacramento. En los estados del sur, los afroamericanos fueron blanco de esterilización. En Iowa, fueron los pobres.
Ser hispano, negro o pobre se caracterizaba como una discapacidad en esos días, dijo Stern.
“La forma en que estas leyes se desarrollaron afectaron a las minorías raciales, pero fue a través del lente de la discapacidad, lo que lo hace aún más insidioso”, dijo.
Historiadores y defensores están esperanzados que la legislación de Skinner creará conciencia sobre las esterilizaciones y el hecho que eran poco más que un vehículo para la discriminación de estado. Señalan que estos procedimientos ocurrieron en las instalaciones estatales tan recientemente como en estas dos últimas décadas, cuando los médicos esterilizaron a 148 mujeres en las cárceles de California de 2006 a 2010, según un informe de The Center for Investigative Report.
El proyecto de ley requiere que se coloquen rótulos en las instituciones en donde se llevaron a cabo las esterilizaciones, y exige la creación de una exposición histórica itinerante sobre las leyes de eugenesia.
Es fundamental educar a las personas sobre este aspecto de la “historia oscura” de California, dijo Myra Dúran, gerente de políticas de California Latinas for Reproductive Justice, un grupo de defensa estatal. “Es importante encontrar a las mujeres que fueron esterilizadas porque es importante hacerse oír”.
Eso es lo que Swarr quiere para su tía.
“La honro tratando de averiguar sobre ella”, dijo Swarr, actual propietaria de la casa donde creció Rosie Zaballos. “No quiero que sea olvidada. No quiero que sea solo una estadística”.