La vida tal como la conocía terminó para Matt Capelouto dos días antes de Navidad en 2019, cuando encontró a su hija de 20 años, Alexandra, muerta en la habitación de su infancia en Temecula, California. La ira superó al dolor cuando las autoridades dictaminaron que su muerte fue accidental.
La estudiante de segundo año de la universidad, que estaba pasando las vacaciones en casa, había tomado media pastilla que compró a un dealer a través de Snapchat. Resultó ser fentanilo, el poderoso opioide sintético que ayudó a que las muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos ascendieran a más de 100,000 el año pasado.
“La envenenaron y a la persona que lo hizo no iba a pasarle nada”, dijo. “No pude soportarlo”.
Capelouto, quien se describe a sí mismo como políticamente moderado, dijo que la experiencia lo volvió cínico sobre la renuencia de California a imponer sentencias severas por delitos de drogas.
Así que el padre suburbano que una vez dedicó todo su tiempo a administrar su imprenta y criar a sus cuatro hijas, lanzó un grupo llamado Drug Induced Homicide y viajó a Sacramento en abril para cabildear por una legislación conocida como “Alexandra’s Law”.
El proyecto de ley habría facilitado que los fiscales de California condenaran a los vendedores de drogas letales por cargos de homicidio.
La organización de Capelouto es parte de un movimiento nacional de padres que se convirtieron en activistas, que luchan contra la cada vez más mortal crisis de las drogas, y están desafiando la doctrina de California de que las drogas deben ser tratadas como un problema de salud en lugar de ser procesadas por el sistema de justicia penal.
Siguiendo el modelo de Mothers Against Drunk Driving, que generó un movimiento en la década de 1980, organizaciones como Victims of Illicit Drugs y Alexander Neville Foundation buscan aumentar la conciencia pública e influir en las políticas sobre drogas. Un grupo, Mothers Against Drug Deaths, rinde homenaje a MADD tomando prestadas sus siglas.
Estos grupos presionan a los legisladores estatales para que impongan sanciones más estrictas a los distribuidores y a las empresas de tecnología de cabildeo para permitir que los padres controlen las comunicaciones de sus hijos en las redes sociales.
Colocan cartels en las calles que culpan a los políticos por la crisis de las drogas y organizan protestas de “muerte” contra los mercados de drogas al aire libre en Venice Beach, en Los Ángeles y el vecindario Tenderloin de San Francisco.
“Este problema se resolverá con los esfuerzos de base de las familias afectadas”, dijo Ed Ternan, quien lidera el grupo Song for Charlie, con sede en Pasadena, que se enfoca en educar a los jóvenes sobre los peligros de las píldoras falsificadas.
Muchos padres se movilizaron después de una ola de muertes que comenzó en 2019. A menudo, se trataba de estudiantes de secundaria o universitarios que pensaban que estaban tomando OxyContin o Xanax comprados en las redes sociales, pero en realidad estaban tomando pastillas que contenían fentanilo.
La droga llegó por primera vez a la costa este hace casi una década, en gran parte a través del suministro de heroína, pero desde entonces los cárteles mexicanos han introducido productos farmacéuticos falsificados mezclados con el polvo altamente adictivo en California y Arizona para atraer nuevos clientes.
En muchos casos, las víctimas de sobredosis son estudiantes sobresalientes o atletas estrella de los suburbios, lo que da lugar a un ejército de padres educados y comprometidos que desafían el silencio y el estigma que rodea a las muertes por drogas.
Ternan no sabía casi nada sobre el fentanilo cuando su hijo de 22 años, Charlie, murió en el dormitorio de la casa de su fraternidad en la Universidad de Santa Clara unas semanas antes de que se graduara en la primavera de 2020.
Los familiares determinaron a partir de los mensajes en el teléfono de Charlie que había tenido la intención de comprar Percocet, un analgésico recetado que había tomado después de una cirugía de espalda dos años antes. Los socorristas dijeron que el estudiante universitario de 6 pies y 2 pulgadas, y 235 libras, murió media hora después de tomar una píldora falsificada.
Ternan descubrió una serie de muertes similares en otras comunidades de Silicon Valley. En 2021, 106 personas murieron por sobredosis de fentanilo en el condado de Santa Clara, frente a las 11 de 2018. Las muertes incluían a un estudiante de segundo año de la Universidad de Stanford y a una niña de 12 años en San José.
Con la ayuda de dos ejecutivos de Google que perdieron a sus hijos a causa de las píldoras mezcladas con fentanilo, Ternan convenció a Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y otras plataformas de redes sociales para que donaran espacios publicitarios para mensajes de advertencia sobre medicamentos falsificados.
La presión de los grupos de padres también ha impulsado a Snapchat, con sede en Santa Mónica, a implementar herramientas para detectar la venta de drogas y restricciones diseñadas para dificultar que los traficantes se dirijan a los menores.
Desde los primeros días de la epidemia de opioides, las familias de las personas que se enfrentan a la adicción y de las que han muerto por sobredosis se han apoyado mutuamente en los sótanos de las iglesias y en las plataformas en línea desde Florida hasta Oregon. Ahora, las organizaciones familiares que surgieron de la crisis del fentanilo en California han comenzado a cooperar entre sí.
Recientemente se formó una red de padres y otros activistas que se hace llamar la California Peace Coalition liderada por Michael Shellenberger, un autor y activista de Berkeley que se postula para gobernador como independiente.
Una crítica de las políticas progresistas de California es Jacqui Berlinn, una empleada de procesamiento legal en East Bay que inició Mothers Against Drug Deaths, un nombre que eligió como homenaje a los logros de la fundadora de Mothers Against Drunk Driving, Candace Lightner, ama de casa de Fair Oaks cuya hija de 13 años fue asesinada en 1980 por un conductor ebrio.
El hijo de Berlinn, Corey, de 30 años, ha consumido heroína y fentanilo durante siete años en las calles de San Francisco. “Mi hijo no es basura”, dijo Berlinn. “Se merece recuperar su vida”.
Berlinn cree que la decisión de la ciudad de no acusar a los traficantes ha permitido que florezcan los mercados de narcóticos al aire libre en ciertos vecindarios y el consumo de drogas, en lugar de alentar a las personas que enfrentan adicciones a buscar ayuda.
En abril, el grupo de Berlinn gastó $25,000 para erigir una valla publicitaria en el exclusivo distrito comercial de Union Square. Sobre una resplandeciente toma nocturna del puente Golden Gate, el letrero dice: “Famosos en todo el mundo por nuestros cerebros, belleza y, ahora, fentanilo sucio muy barato”.
Este mes, el grupo instaló un letrero a lo largo de la Interestatal 80 en dirección a Sacramento que apunta al gobernador demócrata Gavin Newsom.
Reproduciendo la señalización utilizada en los parques nacionales, la cartel presenta un saludo de “Bienvenido al Campamento Fentanyl” contra una toma de un campamento para personas sin hogar. El grupo dijo que una valla publicitaria móvil también rodeará el Capitolio estatal por un período no revelado.
Mothers Against Drug Deaths está pidiendo más opciones y fondos para el tratamiento de drogas y más arrestos de traficantes. Este último marcaría un giro brusco del evangelio de la “reducción de daños”, un enfoque de salud pública adoptado por funcionarios estatales y locales que considera que la abstención es poco realista.
En cambio, esta estrategia exige ayudar a las personas que enfrentan adicciones a mantenerse seguras a través de intercambios de agujas y naloxona, un fármaco para revertir la sobredosis que ha salvado miles de vidas.
Los fiscales progresistas Chesa Boudin en San Francisco y George Gascón en Los Ángeles han evitado encarcelar a los traficantes callejeros, a lo que llaman un juego sin sentido que castiga a las minorías pobres.
Los legisladores de California temen repetir los errores de la era de la guerra contra las drogas y han bloqueado una serie de proyectos de ley que endurecerían las sanciones por la venta de fentanilo. Dicen que la legislación lograría poco además de llenar las cárceles y prisiones del estado.
“Podemos encarcelar a la gente por mil años, y no evitará que la gente consuma drogas, y no evitará que mueran”, dijo el senador estatal Scott Wiener (demócrata de San Francisco). “Lo sabemos por experiencia”.
Algunos padres están de acuerdo. Después de ver a su hijo entrar y salir del sistema de justicia penal por cargos menores de drogas en la década de 1990, Gretchen Burns Bergman se convenció de que acusar a las personas por delitos menores de drogas, como la posesión, era contraproducente.
En 1999, la productora de desfiles de moda de San Diego inició A New Path, que ha abogado por la legalización de la marihuana y el fin de la ley de los “tres strikes” de California. Una década más tarde, formó Moms United to End the War on Drugs, una coalición nacional. Hoy, sus dos hijos se han recuperado de la adicción a la heroína con la ayuda de un “apoyo compasivo” y trabajan como consejeros de drogas, dijo.
“He estado en esto el tiempo suficiente para ver el movimiento pendular”, dijo Burns Bergman sobre las opiniones cambiantes del público sobre la aplicación de la ley.
En diciembre, Brandon McDowell, de 22 años, de Riverside, fue arrestado y acusado de vender la tableta que mató a la hija de Matt Capelouto. McDowell fue acusado de distribuir fentanilo con resultado en muerte, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años en una prisión federal.
Aunque Alexandra’s Law no logró salir del comité, Capelouto señaló que años se dedicaron años de cabildeo hasta que se aprobaron leyes más estrictas sobre conducir en estado de ebriedad. Prometió no renunciar al proyecto de ley que lleva el nombre de su hija, que escribía poesía y amaba a David Bowie.
“Voy a estar de nuevo frente a ellos”, dijo, “Cada año”.