SACRAMENTO. – Una industria deshonesta. Una pistola apuntando a nuestra cabeza. Extorsión.

Así es como legisladores enfurecidos describieron a las compañías de refrescos, y a la victoria que obtuvieron en 2018 cuando un acuerdo legislativo prohibió a las ciudades y condados de California imponer impuestos a las bebidas azucaradas.

Sin embargo, a pesar de su dudosa reputación, esta millonaria industria continúa ejerciendo influencia política en el estado más poblado de la nación, gastando millones de dólares en cabilderos con conexiones políticas y repartiendo contribuciones de campaña a casi todos los legisladores estatales.

¿El resultado? Los proyectos de ley a los que durante mucho tiempo se opusieron Coca-Cola Co., PepsiCo y otras compañías, siguen fracasando. Hace solo dos semanas, una medida que habría deshecho el acuerdo de 2018 que los legisladores protestaron con tanta vehemencia fue archivada sin siquiera una audiencia.

“’Big Soda’ es un grupo de presión muy poderoso”, dijo Eric Batch, vicepresidente de defensa de la Asociación Americana del Corazón (AHA), que ha solicitado a los legisladores de todo el país que tomen medidas enérgicas contra estas bebidas sobrecargadas de azúcar que, según defensores de salud, contribuyen a la diabetes, la obesidad y otras costosas afecciones médicas.

“Han gastado mucho dinero en California para evitar que grupos como el nuestro aprueben una buena norma”, agregó Batch. “Y lo han estado haciendo durante mucho tiempo”.

En los últimos cuatro años, las empresas de refrescos gastaron alrededor de $5,9 millones presionando a legisladores de California y haciendo donaciones a sus campañas u organizaciones benéficas favoritas. Un análisis de California Healthline de los registros de financiamiento de campañas desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020 descubrió que la American Beverage Association, Coca-Cola y Pepsi han donado a casi todos los funcionarios estatales, desde el gobernador Gavin Newsom hasta aproximadamente cinco sextos de la legislatura de 120 miembros.

La American Beverage Association rechazó un pedido de entrevista para discutir sus donaciones políticas y el proyecto de ley de este año que habría revertido la moratoria del impuesto a las bebidas gaseosas que ayudaron a orquestar. Coca-Cola y Pepsi tampoco respondieron.

En 2018, la industria gastó $8.9 millones para impulsar una medida en todo el estado patrocinada por la California Business Roundtable, que habría dificultado que las ciudades y los condados recaudaran impuestos, no solo impuestos a las bebidas azucaradas, al requerir que fuera aprobada por dos tercios de los votantes en lugar de una mayoría simple. Temerosos de que los gobiernos locales pudieran enfrentar un umbral de votación más alto para impuestos y tarifas que financiarían bibliotecas, seguridad pública y otros servicios, los legisladores en ese momento dijeron que no tenían más remedio que negociar con la industria.

En un acuerdo que varios legisladores describieron como “extorsivo”, la legislatura acordó aprobar un proyecto de ley que prohíbe nuevos impuestos locales a las bebidas azucaradas hasta el 1 de enero de 2031, si la industria y otros partidarios abandonan la iniciativa de ley. El entonces gobernador Jerry Brown, que había cenado con ejecutivos de la industria varias semanas antes, firmó el proyecto de ley.

El acuerdo de California fue un golpe para “Big Soda”, que no parece haber pagado un precio político: la legislación que habría establecido un impuesto estatal a las bebidas azucaradas murió un año después, al igual que un proyecto de ley que habría requerido etiquetas de advertencia de salud en bebidas azucaradas y otra que habría prohibido los refrescos cerca de las cajas en los supermercados.

El proyecto de ley de este año, que habría restablecido la capacidad de las ciudades y los condados de imponer impuestos a las bebidas gaseosas antes que los votantes, está casi muerto.

“Están jugando con el sistema político”, dijo el miembro de la Asamblea Adrin Nazarian (demócrata de North Hollywood), autor del proyecto de ley AB 1163. Nazarian dijo que espera resucitar la medida antes del 30 de abril, la fecha límite para que los comités de políticas escuchen sobre la legislación para el año.

“Una cosa es que tomemos una mala decisión política una vez”, dijo. “Otra cosa es dar una señal a todas las industrias que luego utilizarán este punto débil en nuestra contra. ¿Cuántas veces más vamos a hacer esto?”.

Los defensores de la salud pública señalan a estos impuestos como una forma de reducir el consumo de gaseosas, bebidas deportivas, jugos de frutas y otras bebidas dulces, citando estudios que muestran que cuanto más cuestan, menos personas los compran. En promedio, una lata de refresco contiene 10 cucharaditas de azúcar, casi la cantidad diaria recomendada para alguien que consume 2,000 calorías al día. Algunas bebidas energéticas contienen el doble.

Cuatro ciudades de California, Albany, Berkeley, Oakland y San Francisco, tuvieron impuestos a los refrescos antes del acuerdo legislativo de 2018 que pudieron mantener. Boulder, Colorado; Philadelfia; Seattle; y la Nación Navajo también tienen impuestos a los refrescos, y se están considerando propuestas en Rhode Island y Washington, DC.

El flujo de ingresos de los impuestos podría ayudar a financiar los departamentos de salud pública con problemas financieros agotados por la pandemia de covid, dicen los defensores.

Por ejemplo, el año pasado, San Francisco destinó $1.6 millones de sus ingresos por impuestos a los refrescos a programas locales que alimentan a los residentes afectados por el cierre de escuelas y la pérdida de empleos. Seattle aprovechó sus ingresos fiscales de los refrescos para dar cupones de alimentos a sus residentes más afectados.

Nazarian dijo que esperaba que su intento de revertir la moratoria del impuesto a las bebidas gaseosas fuera una batalla cuesta arriba, pero está frustrado porque al proyecto de ley se le negó incluso una audiencia.

Nazarian, al igual que los legisladores anteriores, se está enfrentando a un fuerte entorno anti-impuestos en la política estadounidense, dijo Tatiana Andreyeva, directora de iniciativas económicas del Rudd Center for Food Policy & Obesity de la Universidad de Connecticut. Entonces, aunque más de 40 países han impuesto impuestos nacionales a las bebidas azucaradas, incluidos el Reino Unido, México, Portugal y Sudáfrica, aquí los esfuerzos nacionales y estatales están estancados.

También está el poder político de la industria de las gaseosas.

“Mira cuánto dinero gastan en luchar contra todos estos proyectos de ley que se han propuesto”, dijo Andreyeva, quien ha estado estudiando a la industria de las gaseosas desde 2007. “Hemos visto decenas y decenas de proyectos de ley a nivel estatal y local. Siempre hay mucha oposición por parte de la industria. Están bien financiados, se organizan y es muy difícil”.

En California, las compañías de refrescos gastaron $4.4 millones en los últimos cuatro años presionando a los legisladores y funcionarios estatales, invitándolos a cenas y eventos deportivos. Contrataron firmas expertas que tienen ex empleados del gobierno y que saben cómo funciona el Capitolio y, a menudo, ya tienen relaciones con legisladores y sus asistentes.

Por ejemplo, hasta principios de este año, la American Beverage Association tenía a Fredericka McGee en su nómina como su principal lobista de California. Había trabajado para cinco voceros de la Asamblea. Ahora, McGee es jefa de personal de la supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, una ex legisladora estatal que en 2018 fue presidenta del poderoso Comité de Presupuesto del Senado, que supervisó el acuerdo que prohíbe los nuevos impuestos locales a los refrescos.

Además del cabildeo, la industria gastó poco más de $1.5 millones en contribuciones a los legisladores, incluidos grandes cheques emitidos para organizaciones benéficas en su nombre.

Las mayores contribuciones se dirigieron a los legisladores con mayor influencia.

Pepsi y Coca-Cola dieron un total de $25,000 a organizaciones benéficas en nombre de Anthony Rendon, presidente de la Asamblea, según la Comisión de Prácticas Políticas Justas del estado, que rastrea las donaciones, conocidas como “pagos comprometidos”. Eso se suma a los $35,900 que Rendon recibió de la industria para su campaña, en los últimos cuatro años.

Toni Atkins, presidenta provisional del Senado, cobró $26,000 en cheques de campaña de Coca-Cola y Pepsi, y aceptó una donación de $5,000 a una de sus organizaciones benéficas de la planta embotelladora de Coca Cola en su distrito de San Diego.

En una declaración enviada por correo electrónico, Rendon describió el tema de las bebidas azucaradas como complejo y dijo que fue coautora de la legislación en 2015 que habría ordenado un impuesto a los distribuidores de bebidas azucaradas. Murió en el comité.

“Quiero que hagamos algo para reducir el consumo de bebidas azucaradas”, dijo Rendon. “Estos proyectos de ley han sido difíciles de aprobar, pero creo que es simplista atribuirlo a las contribuciones”.

Atkins no comentó sobre el poder político de “Big Soda”, pero dijo en una declaración enviada por correo electrónico que revisaría el proyecto de ley de Nazarian “por sus méritos” si se presenta ante el Senado.

El proyecto de ley de Nazarian está en suspenso en el Comité de Impuestos e Ingresos de la Asamblea, dirigido por Autumn Burke (demócrata de Inglewood). Un vocero de Burke no devolvió llamadas ni correos electrónicos solicitando comentarios.

Burke también recibió dinero de compañías de refrescos, recaudando alrededor de $22,000 de Coca-Cola, Pepsi y la American Beverage Association de 2017 a 2020.

Los grupos de salud pública no están dispuestos a admitir la derrota y están movilizando un esfuerzo de base para conseguir una audiencia para el proyecto de ley de Nazarian. Dicen que California debe abordar los efectos desproporcionados en la salud de las bebidas con azúcar en las comunidades de raza negra y latinas (de todas las razas), que covid-19 solo exacerbó.

“Si los miembros de la legislatura estuvieran mirando datos y usándolos como criterio para tomar decisiones sobre si deberíamos permitir que se levante una prohibición de impuestos locales, tendrían que apoyar esto”, dijo Michael Dimock, presidente de Roots of Change, un programa del Instituto de Salud Pública. “Pero no están mirando los datos. Algo más los está influenciando”.

Elizabeth Lucas de KHN colaboró con este informe.

Esta historia fue producida por KHN, que publica California Healthline, Un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.