En las fotos se pueden ver manchas de sangre en las paredes blancas de una pequeña sala en una escuela de Carolina del Norte, donde un niño de segundo grado se golpeó repetidamente la cara en el otoño de 2019, según su madre.
Michelle Staten dijo que su hijo, que tiene autismo y otras afecciones, reaccionó como lo harían muchos niños con discapacidades cuando lo encerraron en una sala de aislamiento en la escuela primaria Buckhorn Creek.
“Como madre, siento mucha culpa por lo que pasó”, dijo Staten, quien envió las fotografías como parte de una queja que presentó al gobierno federal en 2022. “Mi hijo quedó traumatizado”.
Documentos indican que la restricción física y el aislamiento eran parte del plan de educación especial del Sistema de Escuelas Públicas del condado de Wake para el hijo de Staten. La madre contó que, desde 2017, cuando su hijo estaba en jardín de infantes, fue inmovilizado y obligado a permanecer aislado en repetidas ocasiones.
La ley federal exige que los distritos escolares, como el condado de Wake, informen al Departamento de Educación de Estados Unidos cada vez que aíslan o restringen físicamente a un estudiante.
Pero durante casi una década, desde 2011, el distrito no reportó ninguno de estos incidentes, según datos suministrados al gobierno. El condado de Wake tiene uno de los distritos escolares más grandes del país, con casi 160,000 niños y más de 190 escuelas.
Staten dijo que se alarmó al enterarse de que el distrito no reportaba datos, y en marzo de 2022 envió una queja a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación. En la carta, dijo que el distrito argumentó que estas medidas se habían establecido por la seguridad del menor, pero que en ninguna parte se documentaron los incidentes.
Esta forma de disciplina “se utiliza, a menudo con frecuencia, en formas que perjudican a los estudiantes”, dijo Catherine Lhamon, subsecretaria de la Oficina de Derechos Civiles.
El Departamento de Educación dijo que está contactando a las escuelas que no reportan estas intervenciones, utilizadas de forma desproporcionada con los estudiantes que tienen discapacidades y los niños de color, como el hijo de Staten.
Lhamon calificó estas prácticas como “una cuestión de vida o muerte” y destacó la importancia de obtener datos precisos a nivel federal. El secretario de Educación, Miguel Cardona, anunció nuevas directrices para las escuelas en 2022 y observó que “con demasiada frecuencia, los estudiantes con discapacidades están sometidos a medidas disciplinarias duras y excluyentes”.
“Niños con moretones”
Por más de una década, enfermeras escolares, pediatras, legisladores y otras personas han advertido sobre los peligros de las medidas de restricción y aislamiento, que pueden causar traumas serios y agravar los comportamientos negativos en los niños. En los peores casos, se han reportado lesiones graves y muertes.
“En un mundo perfecto, estarían prohibidas”, dijo Stacey Gahagan, abogada experta en derechos civiles que ha representado a familias en casos de aislamiento y restricción. Estas intervenciones “se utilizan de forma inadecuada”, explicó. “Veo niños que tienen miedo de ir a la escuela y padres con fotos de sus hijos golpeados”.
No hay una ley federal que las prohíba. Esto ha generado un sistema disfuncional, con poca supervisión y rendición de cuentas en los distintos estados y distritos escolares, según padres y grupos que abogan por los derechos de las personas con discapacidades.
Cada año el gobierno federal recibe decenas de miles de denuncias de casos de restricción física y aislamiento. Pero es probable que haya más, dicen padres y defensores de estudiantes, ya que el relevamiento de datos depende de los administradores de las escuelas, que no siempre aportan la información.
Es un problema que hasta el Departamento de Educación reconoce.
El Sistema de Escuelas Públicas del condado de Wake declinó responder a preguntas sobre el caso de Staten para este artículo, citando leyes de privacidad estudiantil.
Un informe de 2022 presentado al Congreso indicó que las escuelas de Carolina del Norte tenían la tasa más alta de expulsiones y suspensiones de estudiantes con discapacidades de todo el país.
Ese año, el distrito presentó al gobierno federal datos revisados sobre el uso de restricción y aislamiento durante el año escolar 2015-16, dijo Matt Dees, vocero del Sistema de Escuelas Públicas del condado de Wake, donde estaba matriculado el hijo de Staten. En una declaración escrita, dijo que las reglas federales sobre el proceso de relevamiento de datos habían sido confusas. “Hay distintos requerimientos estatales y federales, lo cual contribuyó a problemas con los datos”, dijo Dees.
Pero padres y defensores de niños con discapacidades no están convencidos. “Esa explicación sería verosímil si hubieran reportado por lo menos alguno”, dijo Gahagan. “Pero durante años no reportaron ninguno, en el distrito escolar más grande de nuestro estado”.
Hannah Russell forma parte de una red de padres y defensores en Carolina del Norte que ayudan a familias a navegar el sistema escolar. Dijo que incluso cuando los padres presentan fotos de sus hijos con heridas, les dirán que “eso no ocurrió”.
En Carolina del Norte, el 91% de los distritos no reportaron ningún incidente de restricción y aislamiento en el año académico 2015-16, el segundo porcentaje más alto del país después de Hawaii, según un informe federal.
“Esto ya era un problema antes de covid”, dijo Russell, que fue maestra de educación especial y cuyo hijo con necesidades especiales fue restringido y aislado en la escuela. “Pero ahora es un problema inmenso”.
El Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte, que está a cargo de supervisar las escuelas públicas del estado, no ofreció entrevistas con sus funcionarios ni respondió a preguntas escritas.
En un correo electrónico, la vocera Jeanie McDowell solo dijo que las escuelas reciben capacitación para informar sobre estas medidas disciplinarias.
Por lo general, a los docentes se les permite utilizar tácticas de restricción y aislamiento solo para proteger a los estudiantes u otras personas en caso de peligro inminente. Pero los críticos de estas prácticas señalan casos en los cuales niños han muerto o han sufrido trastornos de estrés postraumático y otras lesiones por faltas menores, como no quedarse sentados o “no cooperar”.
Cero casos reportados
En 2019, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés), que realiza investigaciones para el Congreso, dijo que alrededor del 70% de los distritos escolares de país no reportan ningún incidente.
Según un informe de GAO de 2020, el Departamento de Educación tiene “procesos de control de calidad ineficaces o inexistentes para los datos suministrados por los distritos escolares públicos sobre incidentes de restricción y aislamiento”.
Lhamon dijo que su oficina está realizando investigaciones en todo el país y pidiendo a los distritos que corrijan los datos equivocados. El Departamento de Educación quiere que los distritos escolares cumplan voluntariamente con la ley federal de derechos civiles que protege a los estudiantes con discapacidades. Si no lo hacen, los funcionarios pueden revocar la asistencia financiera federal a los distritos o remitir los casos al Departamento de Justicia.
El año pasado, el Sistema de Escuelas Públicas del condado de Wake resolvió una demanda que surgió porque el distrito no reportó ningún incidente de restricción o aislamiento en el año escolar 2017-18, a pesar de que un estudiante fue sometido a estas prácticas, y fue testigo de su uso en otros niños, según Gahagan, quien representó a la familia del estudiante.
Como parte del acuerdo extrajudicial, el distrito acordó notificar a los padres si sus hijos habían sido restringidos o aislados al final de cada día escolar.
Gahagan dijo que el sistema sería más transparente en el condado de Wake, pero que los problemas persisten en el resto del país. Las escuelas a veces ocultan los incidentes de aislamiento a los padres, usando términos como “penitencia”, o “time-out”, entre otros eufemismos, expresó.
“Para la mayoría de los padres, un ‘time-out’ no significa encerrar a un niño en un armario”, dijo Gahagan. “¿Qué recursos tienen los padres? No hay muchos controles. No hay suficiente responsabilidad”.
Aún así, Gahagan, quien fue maestra, se solidarizó con los docentes. Las escuelas no pueden pagar consejeros ni programas de capacitación para capacitar a maestros, directores y otros empleados sobre las técnicas necesarias para manejar situaciones tensas, lo cual ayudaría a reducir la dependencia de las intervenciones físicas, explicó.
Jessica Ryan dijo que en la ciudad de Nueva York, su hijo, que tiene autismo, recibía apoyo y terapia ocupacional y tenía un aula con maestros de educación estándar y de educación especial. Pero cuando la familia se mudó el año pasado al condado de Wake, un lugar con más de 1 millón de habitantes y parte del área metropolitana de Raleigh-Cary, le dijeron que su hijo no calificaba para servicios especiales. Pronto, empezó a tener problemas: faltaba a clases o recibía sanciones por portarse mal.
Luego, en marzo, su marido recibió una llamada de su hijo, quien le dijo en voz baja: “Ven a buscarme. Aquí no estoy seguro”.
Después de que supuestamente pateara una pelota de fútbol que le pegó a un empleado, el niño de 9 años fue restringido físicamente por dos hombres que trabajan en la escuela, según Ryan. El incidente dejó al niño con la nariz sangrando y hematomas en la pierna, la columna y el muslo, según los registros médicos.
El distrito escolar del condado de Wake no respondió a preguntas sobre los eventos descriptos en los registros.
Ryan dijo que, después del incidente, su hijo no quizo ir más a la escuela. Perdió el resto de cuarto grado.
“Es repugnante”, dijo Ryan, de 39 años, que fue maestra de educación especial en las escuelas del condado de Wake hasta que renunció en junio. “Nuestros niños están siendo abusados”.
El distrito no registró el incidente en PowerSchool, el software que brinda a los padres información sobre el desempeño de sus hijos en la escuela, incluyendo calificaciones, resultados de exámenes, asistencia y disciplina, dijo Ryan.
En agosto, el hijo de Ryan comenzó a tomar clases en otra escuela del condado de Wake. A fines de octubre, según los registros médicos y escolares, fue restringido físicamente o aislado dos veces en menos de dos meses.
Guy Stephens, fundador y director ejecutivo de Alliance Against Seclusion and Restraint, con sede en Maryland, dijo que fundó el grupo sin fines de lucro hace más de cuatro años, después de enterarse de que su propio hijo temía ir a la escuela porque había sido restringido y aislado en múltiples ocasiones.
Stephens dijo que algunos niños sometidos a estas prácticas pueden empezar a mostrar actitudes violentas en su casa, autolesionarse o caer en una depresión severa. Estos efectos son tan nocivos, dijo, que forman parte del “camino de la escuela a la prisión”.
“Cuando se interviene físicamente, se pone a más personas en peligro”, dijo Stephens. “Los están encaminando hacia una vida arruinada”.
En mayo, un grupo de legisladores federales propuso el proyecto de ley “Keeping All Students Safe” (“Manteniendo Seguros a Todos los Estudiantes), que prohibiría a las escuelas que reciben dinero de impuestos federales aislar a los niños o usar técnicas de restricción que limiten la respiración.
El senador Chris Murphy (demócrata de Connecticut) y otros partidarios del proyecto han dicho que se necesita una ley federal, en parte porque algunos distritos intencionalmente no reportan el número correcto de incidentes.
Defensores reconocen que es poco probable que el Congreso apruebe el proyecto de ley en el corto plazo.
Históricamente, los administradores escolares incluyendo AASA, una asociación nacional de superintendentes escolares, se han opuesto a leyes similares, argumentando que a veces la restricción y el aislamiento son necesarios para proteger a los estudiantes y al personal en situaciones peligrosas.
El portavoz de AASA, James Minichello, declinó comentar para esta nota.
Staten dijo que les rogó a los funcionarios de la escuela primaria Buckhorn Creek y al distrito que eliminaran la restricción y el aislamiento del plan de educación especial de su hijo, según muestran los documentos. Los funcionarios denegaron la solicitud.
“Siento que me estaban obligando a aceptarlo”, dijo Staten. “Fue manipulador”. Staten y su esposo ahora educan a su hijo en casa. Dijo que ya no tiene arrebatos emocionales como cuando estaba en la escuela pública, porque se siente seguro.
“Es como un niño completamente nuevo”, dijo Staten. “A veces parece que todo fue un mal sueño”.
This article was produced by KFF Health News, a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF — the independent source for health policy research, polling, and journalism.