Legisladores de Colorado se posicionan contra los altos costos de los medicamentos
Share This Story:

Legisladores de Colorado se posicionan contra los altos costos de los medicamentos

La representante estatal demócrata Yadira Caraveo, coauspiciadora de la legislación para crear un marco de medicamentos asequibles, habla durante una demostración para apoyar el proyecto de ley en las escalinatas del Capitolio de Colorado, el 19 de mayo de 2021. (Markian Hawryluk)

DENVER – Cansado de esperar a la acción federal para reducir los costos de los medicamentos con receta, Colorado ha decidido actuar por su cuenta, aunque tenga que hacerlo con un brazo atado a la espalda. Incapaz de fijar los precios o cambiar las protecciones de las patentes, el estado considera medidas legislativas y administrativas para reducir los gastos de bolsillo delos consumidores.

Aunque ninguno de los esfuerzos, por sí solos, conllevaría reducciones importantes, los funcionarios estatales estiman que el impacto combinado de las diversas medidas podría ahorrar a los habitantes de Colorado entre un 20% y un 40% en gastos de bolsillo.

“Por eso es tan importante contar con herramientas variadas”, dijo Kim Bimestefer, directora ejecutiva del Departamento de Política Sanitaria y Financiación de Colorado. “Si las pones todas juntas, es sorprendente lo mucho que podemos reducir el costo”.

Al igual que muchos otros estados, Colorado ha buscado reducir los precios de los medicamentos durante años, emitiendo un informe a finales de 2019 que explicaba por qué el estado gastaba más de mil millones de dólares anuales en la compra de medicamentos. Aunque la pandemia descarriló la iniciativa el año pasado, el estado actualizó el informe en enero, y las agencias estatales y la legislatura trabajan para implementar algunas de las propuestas.

Un proyecto de ley crearía una junta de asequibilidad para medicamentos recetados, que podría revisar los precios de los medicamentos vendidos en el estado y establecer límites de pago. La legislación, respaldada por el gobernador demócrata Jared Polis, ya ha sido aprobada por el Senado de Colorado y se está abriendo camino en la Cámara. La junta se encargaría de garantizar que esos ahorros se trasladen a los consumidores.

Los medicamentos podrían someterse a una revisión de asequibilidad en función de varios factores, como cuando los precios aumenten más de un 10% al año o superen, por persona, los $30,000 anuales, para los medicamentos de marca, o los $100 mensuales para los genéricos. Los pacientes, o los defensores de los consumidores, también pueden proponer medicamentos para su revisión.

Los funcionarios estatales estiman que esas categorías probablemente abarquen entre 100 y 125 medicamentos, pero la junta sólo podrá establecer límites para 12 medicamentos al año. La junta podría revisar la asequibilidad de más fármacos y hacer recomendaciones de otro tipo de medidas administrativas o legislativas para reducir sus costos.

“Resulta intrínsecamente limitado”, señaló Isabel Cruz, de la Iniciativa de Salud del Consumidor de Colorado, una organización sin fines de lucro que busca reducir los costos de salud para los residentes del estado. “Esa es la realidad política que tuvimos que aceptar”.

El proyecto de ley busca ayudar a pacientes como Koen Lichtenbelt, de 18 años, de Ridgeway, a quien se le diagnosticó una rara enfermedad autoinflamatoria cuando estaba en kinder. La enfermedad le afectó el sistema nervioso y, en diciembre, los médicos le recetaron el medicamento Hizentra, que cuesta $10,000 al mes. Sus padres pagaron la factura durante tres meses, antes de que su seguro aceptase cubrir el medicamento.

Su madre, Cat Lichtenbelt, dijo que pagaron “$30,000 que es el precio de un auto, pero se trata de la vida de nuestro hijo”.

Gracias al tratamiento, Koen, que había faltado la mitad de los días de clase a lo largo de su educación, pudo graduarse este año. Ha sido aceptado en la Universidad Estatal de Colorado, pero ha decidido tomarse un año sabático para trabajar como socorrista en un departamento de bomberos local. Si no hubiera tenido acceso al medicamento, explicó Lichtenbelt, su hijo probablemente dependería ahora de la ayuda estatal.

“Es necesario que las empresas farmacéuticas sigan desarrollando medicamentos y fármacos para mejorar la vida de las personas”, advirtió. “Pero ¿cuál es el precio para poder usar realmente esos medicamentos?”.

Además de la oposición de grupos de hospitales y farmacias del estado, la industria farmacéutica ha puesto toda su presión contra el proyecto de ley, incluyendo amenazas de no vender en Colorado los medicamentos que se enfrentan a los límites de pago.

“Crear una junta de burócratas, no elegidos, con autoridad para decidir arbitrariamente el valor de los medicamentos y cuáles son los asequibles, sería un desastre para los pacientes”, aseguró Hannah Loiacono, vocera del Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, el grupo nacional de la industria.

La Colorado BioScience Association advirtió que establecer límites de pago podría reducir la financiación disponible para nuevos descubrimientos farmacéuticos.

“Si se aprueba, este proyecto de ley crearía incertidumbre para las nuevas empresas y las compañías en fase de desarrollo en el ecosistema de las ciencias de la vida de Colorado, lo que haría más difícil que consigan fondos”, apuntó Jennifer Jones Paton, presidenta y CEO del grupo. “Los inversores buscarán oportunidades en otros lugares”.

No obstante, se espera que el proyecto de ley sea aprobado. Los promotores de la legislación dijeron que es poco probable que un fabricante excluya algunos medicamentos o estados de su cadena de suministro y señalaron que las farmacéuticas ya venden sus medicamentos más costosos a precios más bajos a Medicaid, a las clínicas de salud comunitarias y a los hospitales de caridad.

La oficina del gobernador también aplicará cambios por su cuenta. El 1 de julio lanzará formalmente una herramienta integrada en las historias clínicas electrónicas para que los médicos, y otros profesionales autorizados para recetar, puedan ver lo que los pacientes, con planes de salud públicos o privados, pagarían por un medicamento. Bimestefer aseguró que el 80% de los que escriben recetas en el estado tienen habilitada la herramienta, y que el 37% la utiliza antes de la fecha oficial de lanzamiento.

El estado también busca contratos con empresas farmacéuticas que vinculen los precios a la eficacia de los medicamentos; estipulada ésta, por ejemplo, en función de si reducen las hospitalizaciones o los ataques cardíacos.

La legislatura de Colorado ya había aprobado la importación de medicamentos de Canadá para que los consumidores los adquieran a menor costo y ahora, con la aprobación federal, el estado revisará las ofertas de los contratistas para hacerlo realidad. El estado estima que las importaciones canadienses reducirían los precios de 50 medicamentos comunes en un 63%. Pero se comprobó que importar medicamentos de Australia y Francia podría ahorrar entre un 78% y un 84%. Colorado necesitaría un ajuste de la ley federal para ampliar la importación a esos países, pero contando con la misma infraestructura que se está construyendo para las importaciones canadienses.

“Si incluimos otros países, aumentaría el suministro de los medicamentos que entran”, señaló Bimestefer.

Los esfuerzos de Colorado son parte de una tendencia nacional de los estados que comenzó hace unos cinco años, según Megan Olsen, directiva de Avalere, una consultora de salud en Washington, DC. La falta de acción federal, así como la explosión de Medicaid y los presupuestos de los planes de salud de los empleados estatales, alentó a los estados a abordar la cuestión.

“Al principio, la atención se centró en la transparencia”, dijo Olsen. “Ahora lo que estamos viendo es una especie de transición de esos proyectos de ley de transparencia a tratar de regular los precios, o controlarlos de diferentes maneras”.

Según la National Academy for State Health Policy, que proporciona proyectos de ley de política sanitaria a los estados, casi todos los estados y territorios del país han considerado, este año, algún tipo de proyecto de ley sobre el costo de los medicamentos con receta. Hay 14 proyectos de ley sobre la asequibilidad de los medicamentos recetados, 24 proyectos de ley sobre la importación de medicamentos extranjeros y 58 que abordan los cupones de medicamentos recetados o el reparto de costes.

Además, tras la sentencia de la Corte Suprema en diciembre, que permite a los estados regular a los gestores de beneficios farmacéuticos (PBM, en inglés) —las empresas intermediarias que controlan los precios de los medicamentos que pagan las compañías de seguros—, los estados consideran 97 medidas distintas sobre los PBM. Los legisladores de Colorado, por ejemplo, debaten un proyecto de ley que obligaría a esas empresas a competir para dar servicio a los planes de salud estatales.

Trish Riley, directora ejecutiva de la academia, dijo que los estados son como 50 laboratorios de política sanitaria, experimentando con políticas que pueden sentar precedente para otros estados, probar la viabilidad de varios enfoques y presionar al gobierno federal para que actúe. Algunas políticas nacionales, como el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP), comenzaron como medidas estatales.

“Estamos en primera línea”, enfatizó Bimestefer. “Y podemos ver algunas de las soluciones más fácilmente”.

Aunque un mosaico de regulaciones estatales puede añadir cargas administrativas a las farmacéuticas, Riley aseguró que también puede estimular la acción federal.

“Yo argumentaría la teoría del caos”, dijo Riley. “Cuanta más diferenciación haya entre los estados, más se presiona al gobierno federal para que cree un sistema más coherente”.

Esta historia fue producida por KHN (Kaiser Health News), la redacción de KFF (Kaiser Family Foundation), que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud. Junto con Análisis de Políticas y Encuestas, KHN es uno de los tres principales programas de KFF. KFF es una organización sin fines de lucro que brinda información sobre temas de salud a la nación.