Trump escucha quejas de la industria y bajan las multas en hogares de adultos mayores

(iStock / Getty Images Plus)

La decisión del gobierno de Trump de cambiar la forma en que se penaliza a los hogares de adultos mayores ha resultado en multas más bajas en contra de muchas instalaciones en las que, se descubrió, había residentes en peligro o heridos.

Bajo la administración actual, la multa promedio se redujo a $28,405, muy por debajo de los $41,260 en 2016, el último año en el cargo del presidente Barack Obama, según muestran registros federales.

La disminución de las multas es uno de los ejemplos más concretos de cómo la administración Trump está dando marcha atrás la agresiva regulación de servicios de atención médica de Obama, en respuesta a la insistencia de la industria.

Alentados por la industria de hogares de adultos mayores, la administración Trump cambió de multar a estos hogares por cada día que no cumplían con los requisitos, como lo hizo la administración de Obama, a emitir una multa única por dos tercios de las infracciones, según registros.

Eso reduce las sanciones, dando a los hogares menos incentivos para reparar prácticas defectuosas y peligrosas antes que alguien termine lastimado.

“El comportamiento [en los hogares] no está cambiando de la manera que queremos”, dijo el doctor Ashish Jha, profesor de la Escuela T. H. Chan de Salud Pública de Harvard. “Para un hogar pequeño podría ser dinero real, pero para los más grandes es más probable que sea un error de redondeo”.

Desde que Trump asumió el cargo, la administración ha prestado atención a múltiples quejas sobre las supervisiones entusiastas en hogares. Se les otorgó a las instalaciones una moratoria de 18 meses para pagar multas por violar ocho normas nuevas de salud y seguridad. También se revocó una regla de la era Obama que prohibía a los hogares solicitar de manera preventiva que los residentes se sometan a un arbitraje para resolver las disputas, en lugar de acudir a los tribunales.

La disminución de las multas se produjo incluso cuando los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) emitieron multas financieras con un 28% más de frecuencia que bajo Obama. Esto se debe a una política que comenzó cerca del final del mandato de Obama que exigía a los reguladores castigar a una instalación cada vez que un residente resultara lastimado, en lugar de dejarlo a su propia discreción.

Si bien esa política aumentó el número de multas más pequeñas, las más grandes se volvieron menos comunes. La cantidad total recaudada bajo Trump cayó un 10% en comparación con el total en el último año de Obama, de $127 millones bajo Obama a $114 millones con Trump. (KHN comparó las sanciones durante 2016, el último año de Obama en el cargo, con las sanciones de Trump desde abril de 2017 hasta marzo de 2018, el mes más reciente para el cual los funcionarios federales dicen que los datos están completos de manera confiable).

Los CMS dijeron que han revisado las múltiples reglas que regulan las multas en ambas administraciones para hacer que sus castigos sean más justos, más consistentes y mejor adaptados a los hogares, con la meta de mejorar la atención. “Continuamos analizando el impacto de estos eventos combinados para determinar si son necesarias otras acciones”, dijeron los CMS en un comunicado.

La medida es ampliamente consistente con otras políticas amigables con la industria de la administración Trump en el sector de la atención médica. Por ejemplo, la administración ha ampliado el papel de los planes de salud de corto plazo que no cubren todos los servicios, les ha dado a los estados más libertad para cambiar sus programas de Medicaid y ha instado al Congreso a permitir que los médicos abran sus propios hospitales.

Beth Martino, vocero de la American Health Care Association, un grupo comercial de hogares de adultos mayores, dijo que el gobierno federal ha “regresado a un método para aplicar multas de una manera que incentiva la resolución de problemas” en lugar de penalizar a “las instalaciones que están tratando de hacer las cosas bien”.

Las pautas de penalización se endurecieron en 2014, cuando el gobierno de Obama instruyó a los funcionarios a favorecer las multas diarias. Para el año 2016, se emitieron en dos tercios de los casos. Esas multas promediaron los $61,000.

Cuando asumió Trump, la industria de hogares se quejó de que las multas estaban “fuera de control” y que se habían vuelto desproporcionadas comparado con las deficiencias. “Hemos visto un aumento dramático en [multas] que se emiten retroactivamente y se usan como castigo”, escribió Mark Parkinson, presidente del grupo de hogares, en marzo de 2017.

Los CMS estuvieron de acuerdo en que las multas diarias a veces resultaban en castigos determinados por el resultado de una inspección aleatoria en lugar de la severidad de la infracción. Si los inspectores visitaran una casa en abril, por ejemplo, y descubrieran que una práctica inadecuada había comenzado en febrero, las multas diarias acumuladas serían el doble de si los inspectores hubieran ido a la instalación en marzo.

Pero cambiar a la preferencia de multas por instancia significa multas mucho más bajas, ya que estas multas tienen un límite de $21,393, ya sea que se apliquen por instancia o por día. Las casas que pagan sin impugnar la multa reciben un descuento del 35%, lo que significa que actualmente pagan un máximo de $13,905.

Esos máximos se aplican incluso a los hogares que se considera que han cometido el nivel más grave de violaciones, lo que se conoce como peligro inmediato porque las prácticas del hogar ponen a los residentes en un riesgo inminente de lesiones. Por ejemplo, una residencia en Mississippi recibió una multa de $13,627 después de quedarse sin medicamentos porque había estado dependiendo de una farmacia a 373 millas de distancia, en Atlanta. Los CMS también redujeron una suma de multas diarias de $54,600 a una sola multa de $20,965 para un hogar en Nuevo México donde los trabajadores no habían desinfectado adecuadamente los equipos para evitar que las enfermedades infecciosas se propagaran.

En promedio, las multas por instancia bajo Trump estuvieron por debajo de los $9,000, según los registros.

“Estas son empresas multimillonarias: $9,000 no es nada”, dijo Toby Edelman, abogado senior de políticas del Center for Medicare Advocacy, una organización sin fines de lucro en Washington.

Las multas diarias grandes, con un promedio de $68,080, todavía se emiten cuando una instalación no ha corregido una infracción después de ser citada. Pero incluso en esos casos, a los funcionarios de los CMS se les permite hacer excepciones y emitir una multa si el hogar no tiene antecedentes de violaciones sustanciales.

La agencia advirtió que las comparaciones de multas promedio son engañosas porque el número total de inspecciones que resultaron en multas aumentaron bajo Trump, de 3.5% en 2016 a 4.7%. Las circunstancias que justifican las multas que no se emitieron antes tienden a imponer penalizaciones en el lado más bajo.

Sin embargo, KHN halló que las sanciones económicas por daños inmediatos se emitieron en menos casos bajo Trump. Y cuando se emitieron, las multas promediaron un 18% menos que en 2016.

La frecuencia de las multas de peligro inmediato puede disminuir aún más. En junio, los CMS les dijeron a los inspectores que ya no se les exigía multar a las instalaciones a menos que las violaciones de riesgo inmediato resultaran en “lesiones graves, daños, deterioro o muerte”. Los reguladores todavía deben tomar algunas medidas, pero eso podría ser ordenar a la casa que tenga una capacitación organizada por un grupo externo, u ordenar cambios específicos en la forma en que funciona el hogar.

Barbara Gay, vicepresidenta de comunicaciones de políticas públicas en LeadingAge, una asociación de organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios para adultos mayores, incluidos hogares, dijo que, bajo Trump, estos hogares “no sienten que hayan recibido un indulto”.

Pero los defensores de los consumidores dicen que las sanciones han vuelto a niveles demasiado bajos para ser efectivas. “Las multas deben ser lo suficientemente grandes como para cambiar el comportamiento de las instalaciones”, dijo Robyn Grant, director de política pública y defensa en National Consumer Voice for Quality Long-Term Care, una organización sin fines de lucro con sede en Washington. “Cuando ese no es el caso y la multa es intrascendente, la atención generalmente no mejora”.