Se entregarán más de $50,000 millones en fondos de conciliación a miles de gobiernos estatales y locales. El dinero procede de empresas acusadas de inundar esas comunidades con analgésicos opioides que han dejado a millones de personas adictas o muertas.
Es una cantidad enorme de dinero: el doble del presupuesto de la NASA y cinco veces los ingresos de una temporada de la NBA.
Pero la forma en que se repartirá esa cantidad y cómo se gastará el dinero en el futuro parece estar rodeada de misterio. Los requisitos de información son escasos y los documentos presentados hasta ahora son, a menudo, tan vagos que resultan inútiles.
La mayoría de los acuerdos estipulan que los estados deben gastar al menos el 85% del dinero que recibirán, en los próximos 15 años, en el tratamiento y la prevención de adicciones. Pero la definición de estos conceptos depende de las opiniones de las partes interesadas y de la política estatal. Para algunos, puede significar abrir más centros de tratamiento. Para otros, comprar autos patrulla para la policía.
Los afectados por la epidemia de opioides y quienes trabajan para combatirla tienen ideas muy diversas. Para Marianne Sinisi, que perdió a su hijo Shawn, de 26 años, por sobredosis en el oeste de Pennsylvania, los fondos del acuerdo son “dinero manchado de sangre” que podría evitar a otros padres sufrir un dolor similar. Para Steve Alsum, que trabaja con consumidores de drogas en Grand Rapids, Michigan, es una oportunidad de llegar por fin a todos los necesitados. Y para David Garbark, que se recupera de una adicción a los opioides, es una forma de darles una segunda oportunidad a otras personas de su comunidad del este de Carolina del Norte.
Gastar el dinero de forma eficaz y equitativa es complicado, dada la persistencia y complejidad de la adicción, que afecta a individuos y comunidades y es objeto de acalorados debates en la investigación científica, los servicios sociales, la política, la justicia penal e incluso en los hogares.
Es más, muchos estados no son transparentes sobre el destino de los fondos ni sobre quién se beneficiará de ellos. Una investigación realizada por KHN y Christine Minhee, fundadora de OpioidSettlementTracker.com, concluyó que sólo 12 estados se han comprometido a informar públicamente y con detalle de todos sus gastos.
El análisis consistió en examinar cientos de documentos legales, leyes y declaraciones públicas para determinar cómo reparte cada estado el dinero de los acuerdos entre las agencias estatales, los gobiernos de ciudades y condados, y los consejos que supervisan los fideicomisos (trusts) dedicados al tema. El siguiente paso fue determinar el nivel y el detalle de los informes públicos requeridos. El resultado: Pocos estados prometen informar de forma accesible para el ciudadano, y muchos guardan silencio sobre la cuestión de la transparencia.
Hasta ahora se han entregado más de $3,000 millones a los gobiernos estatales y locales. KHN seguirá de cerca cómo se utiliza ese dinero y los miles de millones que llegarán en los próximos años.
Según la mayoría de los acuerdos, los gobiernos sólo están obligados a informar sobre el 15% del dinero que puede utilizarse para asuntos no relacionados con la epidemia, como compensar déficits presupuestarios o arreglar carreteras viejas. Hasta el 28 de marzo, sólo tres estados y condados habían presentado dichos informes. Aunque indicaban las cantidades en dólares, ninguno precisaba cómo se había gastado el dinero.
Tanto gobiernos estatales como locales pueden promulgar protocolos de información más rigurosos —por ejemplo, exigir una lista pública de todos los lugares que reciben dinero y con qué fin—, pero pocos lo han hecho hasta ahora.
A oscuras, desinformados
Más de 250,000 estadounidenses han muerto por sobredosis de opioides con receta, promocionados agresivamente como analgésicos y distribuidos por una serie de empresas, como Johnson & Johnson, AmerisourceBergen, McKesson y Walmart. Los acuerdos pretenden compensar y remediar los efectos de ese comportamiento empresarial.
Pero muchas personas a las que se les ha destrozado la vida, vuelven a sentirse traumatizadas.
Sinisi dijo que a ella y a otros padres que han perdido a sus hijos a causa de la adicción se les ha dejado en la oscuridad, desinformados o, peor aún, tratados como una molestia por los funcionarios responsables del dinero.
“Te ven como un padre enfadado que ha perdido a su hijo”, afirmó, “en lugar de como un ciudadano preocupado que quiere que las cosas cambien para otras madres, padres y sus hijos”.
En Michigan, incluso la Opioid Advisory Commission (OAC) del estado, encargada de evaluar el uso del dinero de los acuerdos, ha tenido problemas para hacer un seguimiento del dinero.
Durante los seis meses posteriores a que la legislatura estatal asignara $39 millones de los fondos del acuerdo al departamento de salud, el verano pasado, se hizo pública muy poca información sobre cómo se gastaría ese dinero. No hubo comunicados de prensa. No hubo forma de que las organizaciones solicitaran fondos.
“No podemos identificar realmente el impacto de esos fondos si no sabemos cómo se están utilizando”, señaló la doctora Cara Poland, presidenta de la OAC y médico especialista en adicciones.
Con la escasa supervisión a nivel nacional, muchos temen que el dinero se destine a iniciativas que, según las investigaciones, son en su mayoría inútiles, pero que encajan con la tendencia política local, como detener a los consumidores de drogas, ampliar las cárceles y favorecer la recuperación basada únicamente en la abstinencia en lugar de la medicación. Es posible que se destinen al postor más ruidoso, como a empresas que prometen encontrar el próximo tratamiento innovador y a centros de rehabilitación —algunos de ellos con un historial deficiente— que aspiran al dinero.
Por no hablar de la preocupación de que el dinero vaya a parar a actividades que poco o nada tienen que ver con el tratamiento de los opioides: la construcción de nuevos estadios o escuelas públicas. En los años 90, estas prioridades presupuestarias domésticas consumieron la mayor parte de lo que los estados obtuvieron de las empresas tabaqueras en el acuerdo nacional sobre el tabaco, dejando poco para los programas antitabaco.
Los fondos del acuerdo sobre opioides serán diferentes, aseguraron los fiscales generales que lucharon por ellos. Además de exigir que al menos el 85% del dinero se utilice en gastos relacionados con los opioides, la mayoría de los acuerdos incluye una lista de intervenciones, como el aumento del tratamiento de la adicción para las personas sin seguro y la ampliación de las viviendas para la recuperación.
“Queríamos dar a los estados flexibilidad en cuanto a los enfoques que querían adoptar”, garantizando al mismo tiempo que el dinero no se destinara a “aliviar el impuesto de sociedades”, como ocurrió con el dinero del tabaco, explicó el fiscal general de Carolina del Norte, Josh Stein, que dirigió las negociaciones de los acuerdos nacionales.
Pero la aplicación de la norma del 85% se deja, curiosamente, en manos de las empresas que pagaron el dinero. Según expertos jurídicos, es poco probable que se mantengan vigilantes.
El dinero ya está comprometido y, para muchas de estas empresas multimillonarias, los acuerdos son calderilla, morralla, suelto (o cualquiera de las palabras con que cuenta el español para designar a una cantidad de dinero insignificante). Por ejemplo, Johnson & Johnson deberá pagar $5,000 millones en nueve años; pero la empresa registró ventas de casi $95,000 millones sólo el año pasado.
El nuevo panorama
A medida que empiezan a llegar los cheques, unos estados se comprometen con la transparencia, mientras que otros parecen quedarse cortos. Missouri ha prometido informar de todos sus gastos en internet para que cualquiera pueda ver quién recibe dinero, cuánto y para qué programas. New Hampshire ya ha publicado informes en línea, y Colorado ha creado un tablero de control público para saber cómo se utilizan los fondos.
Otros estados, como Nevada, han adoptado un enfoque intermedio, exigiendo que los beneficiarios informen al poder legislativo o a otro organismo de supervisión, pero sin garantizar que los informes se hagan públicos. Algunos estados exigen auditorías, pero no se comprometen a enumerar gastos específicos. Otros permiten que el público solicite los informes, pero no los facilitan automáticamente.
También hay estados muy afectados por la epidemia de opioides, como Michigan y Ohio, donde ya están surgiendo problemas de transparencia. Cada estado espera recibir al menos $1,000 millones.
Cuando Poland, de la OAC de Michigan, se dio cuenta de que recibía poca información sobre cómo se gastaban los fondos del estado, su comisión decidió utilizar su primer informe anual —publicado este mes— para exigir mejoras. “La presentación de informes oportunos y transparentes” al público es “una responsabilidad ética”, dijo, pidiéndoles a los legisladores una mayor supervisión de los beneficiarios y crear un panel público para realizar un seguimiento de los gastos.
KHN entrevistó a casi una docena de personas y presentó una solicitud de registros públicos para conocer cómo el departamento de salud del estado está gastando la asignación inicial de los fondos de liquidación de $39 millones.
Un documento presupuestario, obtenido por KHN, muestra que desde el 9 de enero, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan había asignado $3,9 millones en fondos de liquidación a 35 beneficiarios. La mayoría son departamentos de salud locales o programas de servicios de jeringuillas que el departamento de salud del estado ha financiado previamente.
Otros $27 millones se destinan a intervenciones concretas, como el aumento de la mano de obra para el tratamiento de adicciones, la ampliación de las viviendas de recuperación y la mitigación de los daños del consumo de opioides con medicamentos como la naloxona.
Y, tras las preguntas de KHN, el departamento emitió un comunicado en el que enumeraba prioridades similares.
Esas iniciativas tienen sentido para Jonathan Stoltman, director del Opioid Policy Institute, con sede en Michigan, que investiga el estigma y la privacidad digital en el tratamiento de la adicción. Pero le habría gustado conocerlas de antemano y que se hubiera establecido un proceso claro para que los grupos pudieran solicitar los fondos. De lo contrario, organizaciones capacitadas para utilizar el dinero, para ayudar a los más necesitados, podrían perder una oportunidad única de ampliar su trabajo y salvar vidas.
El verano pasado, cuando Stoltman preguntó si podía solicitar los fondos, el departamento de salud le dijo que presentara una “propuesta de alto nivel” para “compartirla”, según los correos electrónicos revisados por KHN.
“Todo lo que sea entrar por la puerta de atrás me asusta”, dijo Stoltman. “Tuve suerte de encontrar con quién hablar, aunque no llegara a ninguna parte”.
Steve Alsum, director ejecutivo del Red Project de Grand Rapids, al que se concedieron unos $266,000 para mejorar la salud de las personas que consumen drogas, señaló que esperaba que el estado dispusiera de un proceso de solicitud con criterios de puntuación que explicaran por qué se elegía a determinados grupos. Pero, dijo, “no ha quedado claro quién toma la decisión y cómo se toma”.
Jared Welehodsky, que dirige los esfuerzos del departamento relacionados con el acuerdo, contó que pronto hará públicas varias solicitudes de subvenciones competitivas para la mayor parte del dinero. No se hizo antes porque la mayoría de los pagos no llegaron hasta finales de 2022 y “no queríamos hacer comentarios sobre cómo iba a salir el dinero cuando no teníamos dinero para repartir”, añadió.
Cómo mantener el público al margen
En Newark (Ohio), Linda Mossholder, de 75 años, lleva preguntando por los dólares del acuerdo en las reuniones del ayuntamiento desde el verano pasado. Como voluntaria de Newark Homeless Outreach, que sirve almuerzos gratuitos semanalmente, trabaja con muchas personas que consumen drogas y quiere que el dinero les ayude.
Mossholder viste con orgullo una camiseta en la que se lee: “Tu primer error es pensar que sólo soy una señora mayor”. Ha hecho un seguimiento con correos electrónicos, mensajes de voz y solicitudes de registros públicos; pero no ha obtenido una respuesta clara sobre cómo piensa utilizar la ciudad los casi $50,000 que ya ha recibido.
En enero, según Mossholder, el director de servicios públicos de la ciudad finalmente le dijo que el plan era asignar dinero a quienes intervienen con la naloxona. Pero cuando KHN presentó solicitudes de registros públicos para confirmarlo, el auditor de la ciudad Ryan Bubb escribió: “No se han asignado ni gastado fondos”.
Mientras tanto, en el noreste de Ohio, una junta regional que controlará millones de dólares del acuerdo se pasó una reunión, en febrero, debatiendo si se debe permitir al público acceder a las grabaciones de las reuniones.
“Yo no lo abriría al público, sinceramente”, dijo Judy Moran, miembro de la junta que representa a Eastlake, según una grabación de la reunión obtenida por KHN. Otros miembros preguntaron si sus reuniones estaban sujetas a las leyes de reuniones abiertas del estado.
Moran declaró posteriormente a KHN: “Por supuesto que el público tiene derecho a saber cómo se desembolsan estos fondos”, pero añadió que le preocupaba que las grabaciones permitieran que se interpretasen palabras “fuera de contexto”.
Al menos en Ohio, puede que eso no sea una opción durante mucho más tiempo.
Una demanda interpuesta por Harm Reduction Ohio para que se facilite el acceso al público a las reuniones de otra junta —la OneOhio Recovery Foundation, que supervisa la mayor parte de los $1,000 millones previstos por el estado— está abriéndose camino en los tribunales. Un juez local rechazó este mes la petición de la fundación de desestimar la demanda, escribiendo que “el público merece transparencia”.
Pero Connie Luck, portavoz de OneOhio, dijo que la fundación es una “organización privada sin fines de lucro, y no una agencia gubernamental”. Hasta ahora ha permitido la asistencia del público a las reuniones, pero ha dicho que no está obligada a hacerlo.
La sentencia final en este pleito, que es el primero de este tipo para los fondos de los acuerdos sobre opioides, sentará un precedente en los derechos del público a la información a nivel nacional.
En algunas partes del país, la perspectiva de contar con dinero para tratar una epidemia que lleva mucho tiempo sin financiación suficiente trae esperanza, aseguró Tricia Christensen, que trabaja en una organización sin fines de lucro que hace un seguimiento de los fondos en los Apalaches. Cuando la gente sabe lo que está ocurriendo, no sólo se disuade del uso indebido, sino que puede revelar éxitos sorprendentes, dijo.
Ese conocimiento da poder
“Estos fondos son como la llegada de la caballería. Por fin obtienes alivio después de sufrir en soledad durante tanto tiempo”, comentó Crystal Glass, del suroeste de Virginia, que se está recuperando del consumo de opioides y metanfetaminas, y que ahora trabaja como especialista en recuperación entre iguales.
Espera que los funcionarios impliquen en sus decisiones a las personas afectadas por la adicción.
Como ella dice: La transparencia “es dejar que todo el mundo —repito, todo el mundo— sepa que puede formar parte de esto”.
Colleen DEGuzman y Megan Kalata de KHN colaboraron con este informe.
Esta historia fue producida por KFF Health News, conocido antes como Kaiser Health News (KHN), una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los principales programas operativos de KFF, la fuente independiente de investigación de políticas de salud, encuestas y periodismo.