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Ataques a la salud pública generan éxodo de funcionarios en medio de la pandemia

Tisha Coleman ha vivido en el muy unido condado de Linn, Kansas, por 42 años. Y nunca se ha sentido tan sola.

Como administradora de salud pública, ha luchado cada día de la pandemia para mantener a salvo a su condado rural, ubicado a lo largo de la frontera con Missouri. A cambio, ha sido acosada, demandada, vilipendiada y le han gritado “cumple-órdenes”.

Los meses de peleas por máscaras y cuarentenas ya la estaban desgastando. Luego contrajo COVID-19, probablemente de su esposo, quien se ha negado a exigir el uso de máscaras en la ferretería familiar. Su madre también lo contrajo y murió el domingo 13 de diciembre.

En todo Estados Unidos, funcionarios de salud pública estatales y locales se han encontrado en el centro de una tormenta política.

Algunos han sido el blanco de activistas de extrema derecha, grupos conservadores y extremistas antivacunas, que se han unido en torno a objetivos comunes: luchar contra los mandatos de uso de máscaras, las cuarentenas y el rastreo de contactos, con protestas, amenazas y ataques personales.

El poder de la salud pública también se está socavando en los tribunales. Legisladores, en al menos 24 estados, han diseñado leyes para debilitar poderes que la salud pública ha mantenido por mucho tiempo.

En medio de este retroceso, desde el 1 de abril, al menos 181 líderes de salud pública estatales y locales, en 38 estados, han renunciado, se han jubilado o han sido despedidos, según una investigación en curso de The Associated Press y KHN. Expertos dicen que se trata del éxodo más grande de líderes de salud pública en la historia de los Estados Unidos.

Uno de cada 8 estadounidenses, 40 millones de personas, vive en una comunidad que perdió a su líder de salud pública local durante la pandemia. En 20 estados, los principales funcionarios de salud pública han dejado sus puestos, y también se ha ido un número incalculable de empleados de niveles inferiores.

Muchos de los líderes se retiraron debido al retroceso político o la presión de la pandemia. Algunos se fueron para ocupar puestos de más alto perfil o por problemas de salud. Otros fueron despedidos por mal desempeño. Docenas se jubilaron.

“No tenemos gente haciendo fila afuera para cubrir estos puestos”, dijo el doctor Gianfranco Pezzino, oficial de salud en el condado de Shawnee, Kansas, quien había decidido jubilarse a fines de año, porque, dijo, ha llegado a su límite. “Es una gran pérdida que es probable que impacte en las  generaciones futuras”.

Pero Pezzino no llegó al 31 de diciembre. El lunes 14, luego que los comisionados del condado aliviaran las restricciones, renunció inmediatamente.

Estas partidas son una erosión adicional a la ya frágil infraestructura de salud pública del país, antes de la campaña de vacunación más grande en la historia de los Estados Unidos.

AP y KHN informaron anteriormente que, desde 2010, el gasto per cápita de los departamentos de salud pública estatales se había reducido en un 16%, y en los departamentos de salud locales, un 18%. Al menos 38,000 empleos de salud pública estatales y locales han desaparecido desde la recesión de 2008.

Desde que comenzó la pandemia, la fuerza laboral de salud pública en Kansas se ha visto muy afectada: 17 de los 100 departamentos de salud del estado han estado perdiendo a sus líderes desde finales de marzo.

La gobernadora demócrata Laura Kelly emitió un mandato de uso de máscaras en julio, pero la legislatura estatal permitió que los condados optaran por no participar. Un informe reciente de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) mostró que los 24 condados de Kansas que habían cumplido con este mandato registraron una disminución del 6% en los casos de COVID-19, mientras que los 81 condados que optaron por no participar por completo vieron un aumento del 100%.

Coleman presionó para que el condado de Linn mantuviera la regla, pero los comisionados escribieron que las máscaras “no son necesarias para proteger la salud pública y la seguridad del condado”.

Coleman se sintió decepcionada, pero no sorprendida. “Al menos sé que he hecho todo lo posible para intentar proteger a la gente”, dijo.

En Boise, Idaho, el 8 de diciembre, cientos de manifestantes, algunos armados, invadieron las oficinas de salud del distrito y las casas de los miembros de la junta de salud, gritando y haciendo sonar las bocinas. Entre ellos había miembros del grupo anti-vacunas Health Freedom Idaho.

Según expertos, el movimiento contra las vacunas se ha vinculado con extremistas políticos de derecha, y ha asumido un papel más amplio en contra de la ciencia, rechazando otras medidas de salud pública.

Ahora, los opositores están recurriendo a las legislaturas estatales, e incluso a la Corte Suprema, para despojar a los funcionarios públicos del poder legal que han tenido durante décadas para detener las enfermedades transmitidas por alimentos y las enfermedades infecciosas mediante el cierre de negocios y las cuarentenas, entre otras medidas.

Legisladores de Missouri, Louisiana, Ohio, Virginia y al menos otros 20 estados han elaborado proyectos de ley para limitar los poderes de la salud pública. En algunos estados, estos esfuerzos han fracasado; en otros, los han acogido con entusiasmo.

Mientras tanto, los gobernadores de varios estados, incluidos Wisconsin, Kansas y Michigan, han sido demandados por sus propios legisladores, u otros, por utilizar sus poderes ejecutivos para restringir las operaciones comerciales y exigir máscaras.

En Ohio, un grupo de legisladores busca procesar al gobernador republicano Mike DeWine por sus reglas sobre la pandemia.

Un fallo de 5-4 el mes pasado indicó que la Corte Suprema también está dispuesta a imponer nuevas restricciones a los poderes de la salud pública. Lawrence Gostin, experto en derecho de salud pública de la Universidad Georgetown, en Washington, DC, dijo que la decisión podría animar a legisladores estatales y a gobernadores a buscar limitaciones adicionales.

Junto con la reacción política, muchos funcionarios de salud se han enfrentado a amenazas violentas. En California, un hombre con vínculos con el movimiento de derecha Boogaloo, que está asociado con múltiples asesinatos, fue acusado de acechar y amenazar al funcionario de salud de Santa Clara. Fue arrestado y se declaró inocente.

Linda Vail, funcionaria de salud del condado de Ingham, en Michigan, recibió correos electrónicos y cartas en su casa diciendo que sería “derrocada como la gobernadora”, lo que interpretó como una referencia al intento frustrado de secuestrar a la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer.

“Puedo entender completamente por qué algunas personas simplemente se fueron”, dijo. “Hay otros lugares para ir a trabajar”.

A medida que los funcionarios de salud pública a lo largo del país parten, la cuestión de quién ocupa sus lugares preocupa a la doctora Oxiris Barbot, quien dejó su trabajo como comisionada del departamento de salud de la ciudad de Nueva York en agosto en medio de un enfrentamiento con el alcalde demócrata Bill de Blasio.

“Me preocupa si tendrán la fortaleza necesaria para decirles a los funcionarios electos lo que necesitan escuchar en lugar de lo que quieren escuchar”, dijo Barbot.

En el condado de Linn, los casos están aumentando. Hasta el 14 de diciembre, 1 de cada 24 residentes había dado positivo para COVID.

“Por supuesto, podría rendirme y colgar la toalla, pero todavía no he llegado a ese punto”, dijo Coleman.

Ha notado que más personas usan máscaras en estos días.

Pero en la ferretería familiar, todavía no son mandatorias.

Michelle R. Smith es reportera de AP, y Anna Maria Barry-Jester, Hannah Recht y Lauren Weber son reporteras de KHN.

Esta historia es una colaboración entre The Associated Press y KHN (Kaiser Health News), un servicio de noticias sin fines de lucro que cubre temas de salud. Es un programa editorialmente independiente de KFF (Kaiser Family Foundation) que no tiene relación con Kaiser Permanente.

Esta historia fue producida por Kaiser Health News, un programa editorial independiente de la Kaiser Family Foundation.

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